“Su supervivencia intacta desde el retorno democrático, a pesar de algunas modificaciones menores, es el síntoma más elocuente del déficit soberano de la democracia argentina post Malvinas, y de la persistencia de un modelo económico que sigue operando en beneficio de los sectores financieros y en detrimento del aparato productivo, el empleo y la soberanía nacional.

Esta Ley regula el sistema bancario argentino y su objetivo fue liberalizar y desregular el sector financiero, operando sobre Bancos Comerciales; Banco de Inversión; Bancos Hipotecarios; compañías financieras; sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles; Cajas de crédito; pudiendo aplicarse también a personas y entidades públicas y privadas a criterio del Banco Central de la República Argentina en función del volumen de sus operaciones y razones de política monetaria y crediticia, habilitando, entre otras cosas, la fijación libre de tasas de interés, la entrada irrestricta de bancos privados y extranjeros y la eliminación de la banca especializada (comercial, hipotecaria, industrial).

Básicamente, funciona como el marco legal que prioriza la rentabilidad especulativa por sobre el crédito productivo, reduciendo el rol del Estado en la determinación de la política económica y permitiendo la concentración del sistema financiero en pocas manos, fomentando la fuga de capitales y el endeudamiento externo. Aún vigente y con todo vigor, es una de las bases estructurales del modelo de dependencia económica argentino.

* Nuestra democracia condicionada por estructuras dictatoriales

La vigencia inalterada de esta Ley desde 1983 hasta hoy, es en términos políticos, un escándalo institucional no salvado, ya que fue diseñada para desarticular el rol estratégico del Estado en el sistema bancario y financiero, restringiendo su capacidad de planificación y supervisión sobre la economía nacional. Su subsistencia pone en evidencia una limitación estructural de la democracia argentina, ya que el poder financiero no sólo sobrevivió al colapso del régimen genocida que lo instituyó, sino que se consolidó como uno de los actores más influyentes del orden democrático sobreviniente.

Y aquí subyace una verdad incómoda: la dictadura militar fue derrotada políticamente, pero no económica ni culturalmente, por ello, el regreso de las instituciones republicanas no significó el desmantelamiento del modelo neoliberal impuesto por la fuerza y el terror, más bien, la democracia se instaló sobre el andamiaje económico de la dictadura y, en muchos aspectos, lo terminó legitimando.

* De la banca nacional a la valorización financiera permanente

Con la Ley 21.526, la Argentina dejó de tener un sistema bancario al servicio del desarrollo nacional y se pasó de un sistema de banca especializada con objetivos productivos claros y regulaciones públicas activas, a un sistema desregulado, concentrado, especulativo y extranjerizado. La ley institucionalizó la libertad de captación y colocación de fondos, lo que permitió que el capital financiero se ubicara por encima de cualquier prioridad económica al servicio de los intereses nacionales. En lugar de financiar la industria, la infraestructura o la innovación tecnológica, los bancos comenzaron a enriquecerse en base a la especulación con tasas usurarias, la bicicleta financiera y la fuga de capitales, sin asumir ningún riesgo productivo.

Esto dio paso a lo que se conoce como modelo de valorización financiera, que aún hoy estructura la economía argentina. Hablamos de un esquema en el que los beneficios no provienen de la producción sino del movimiento del capital, con un impacto regresivo en el entramado económico y social argentino, moviendo volúmenes inmensos de capital, sin generar ningún puesto de trabajo.

* Concentración, exclusión y deterioro del tejido productivo

La desregulación financiera expulsó del sistema a miles PyMEs, dificultó el acceso al crédito, elevó el costo del dinero y profundizó la concentración de la riqueza y, en lugar de cumplir su función de intermediación entre el ahorro popular y la inversión productiva, los bancos se transformaron en meros operadores de renta financiera, trastocándose su rol histórico. Lógicamente, esta dinámica favoreció la extranjerización del sistema financiero y acentuó la desigualdad social, al favorecer a los grandes conglomerados financieros y las actividades especulativas por sobre las industrias nacionales, la producción y el trabajo. La ley fue, en definitiva, un instrumento eficaz para destruir el tejido social y productivo del país y, por lo tanto, una herramienta profundamente antinacional y antipopular, que sigue allí, vigente, intacta.

* Una democracia sin soberanía

La permanencia de esta Ley en democracia refleja una derrota cultural profunda, ya que la aceptación tácita del modelo financiero dictatorial por los gobiernos posteriores, incluso por aquellos de raigambre popular, nos muestra la incapacidad política de construir una hegemonía alternativa al servicio del bienestar popular. El modelo de democracia liberal formal, sin contenido económico soberano, fue naturalizado al punto de que ya ni siquiera se percibe que la ley fundamental del sistema financiero argentino proviene de una dictadura que anuló todos los derechos a puro secuestro, tortura, robo, muerte y desaparición.

Peor aún, hoy, la tecnocracia económica, los economistas argentinos que piensan en inglés, los medios canallas de comunicación y parte del sistema político han logrado instalar que discutir esta ley sería una forma de ‘atentar contra la seguridad jurídica’, ‘aislarnos del mundo’, ocultando que su verdadera función ha sido garantizar la impunidad estructural de los grandes bancos y de los intereses financieros extranjeros. En definitiva, para los fondos carroñeros de la usura financiera internacional, la Argentina es un cadáver donde rapiñar.

* Democracia o dependencia, el dilema no resuelto

Como dijimos, la Ley de Entidades Financieras es mucho más que una normativa técnica, es, más bien, el esqueleto legal de una dictadura económica que sobrevive al régimen dictatorial que la parió, y cuya permanencia bloquea cualquier proyecto serio de desarrollo nacional autónomo. Su continuidad es la demostración más palpable de la democracia argentina, en muchos aspectos, ha sido una restauración formal, pero no una refundación soberana. Mientras esta ley permanezca vigente, la Argentina seguirá atrapada en una estructura financiera funcional a la especulación, la fuga y el endeudamiento externo, y no al crédito, la producción y el trabajo. Derogar o reemplazar esta ley no es solo una cuestión técnica, sino un imperativo político, económico y cultural si se quiere avanzar hacia un verdadero país soberano.

Mientras, la democracia sin soberanía económica es una ficción legal decorativa. La continuidad de esta ley expresa, con crudeza, ese vacío. Derogarla sería un acto patriótico para comenzar a llenar la democracia de contenido nacional real. En otras palabras, sería empezar a desarmar, en serio, la herencia estructural del 24 de marzo de 1976.

*  Miopía y falta de determinación

El error conceptual del campo nacional y popular, y del peronismo en su versión más conservadora o progresista, fue reducir deliberadamente la dictadura a su faz militar y represiva, omitiendo que el poder real del proceso de reorganización nacional estuvo en los grupos económicos, financieros y mediáticos que lo impulsaron, lo sostuvieron y se beneficiaron de su política. Al no denunciar ni desmontar ese entramado civil-empresarial, al no esclarecer al conjunto al respecto, se consolidó la impunidad estructural del poder económico que continúa dominando la escena democrática. Este déficit analítico debilitó la posibilidad de construcción de una alternativa soberana real, al no identificar con claridad al enemigo de fondo: la clase dominante en combinación con el imperialismo Occidental que utilizó el terrorismo de Estado como herramienta para imponer un modelo de dependencia para su beneficio.

Es cierto, cuestionar la Ley de Entidades Financieras implica confrontar directamente con el poder económico real: bancos, medios, organismos internacionales, pulpos financieros y sectores aliados con dominio de mucho poder económico. Evidentemente, los costos políticos serían altos: ruptura con el establishment, fuga de apoyos empresariales, presión mediática y financiera, y un constante riesgo de desestabilización. Por eso, nuestra dirigencia prefiere no tocar una de las columnas del modelo de nuestra dependencia, aunque eso implica seguir administrando una economía ajena al interés nacional”.

Por Gustavo Matías Terzaga, Presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE de la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba.