En paralelo, se mantuvieron transferencias a hogares con niñas, niños y adolescentes, prestaciones de particular importancia para los hogares monomarentales, pero con señales preocupantes: la propuesta elimina el mecanismo de actualización automática de la AUH y la AUE, lo que amenaza su poder de compra frente a la inflación. A continuación, compartimos un análisis que realizamos desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Análisis de partidas de prevención y atención de la violencia de género

En las principales políticas destinadas a la atención de la violencia de género se consolida el camino de desmantelamiento y opacidad presupuestaria iniciado en 2024. Ese año, el presupuesto del Programa Acompañar se redujo un 90 % respecto a 2023 y la cobertura cayó de más de 100.000 personas en 2023 a solo 434 en 2024. Desde 2025, el programa dejó de figurar como partida presupuestaria identificable, su sitio web permanece desactualizado y el tablero de monitoreo fue dado de baja.

La Línea 144, principal canal de atención a personas en situación de violencia, perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y redujo un 45 % su planta de trabajadoras. En 2025 y 2026 también se eliminó su línea presupuestaria específica, lo que impide saber cuántos recursos se le asignan y ejecutan. Aun cuando no es posible identificar una partida específica, para 2026 aparece una meta (indicadora de resultados) asociada a la Línea 144 en el programa Afianzamiento de la Justicia. La cantidad de personas asistidas se reduce a 60.000, un tercio de las personas asistidas en 2023.

La actividad Protección de Víctimas de Violencia muestra un aumento significativo en 2026. Sin embargo, no es posible estimar qué porcentaje de esta partida se destina a proteger a víctimas de violencia por razones de género porque la formulación de la política se plantea un alcance más amplio, haciendo hincapié en “delitos contra la integridad sexual y violencia familiar”.

En términos agregados, estas tres políticas sufrieron una caída presupuestaria conjunta del 89%.

Análisis de las partidas de salud sexual, reproductiva y no reproductiva

El Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, perteneciente al Ministerio de Salud, contempla dos actividades: Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable y Prevención del Embarazo Adolescente (Plan ENIA). Tras sufrir un desfinanciamiento casi total en 2024, el gasto del programa cayó a mínimos históricos: representó solo un 20% de lo invertido el año anterior y apenas un 8% de la cifra de 2021. De cara a 2025, el crédito vigente muestra una importante recuperación, aunque todavía se encuentra lejos de los niveles de inversión de años previos.

Además, se verifica un cambio de enfoque en el programa, ya que el grueso del presupuesto pasó a la actividad Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable mientras que el Plan ENIA quedó prácticamente sin financiamiento: en 2026 se ejecutaría menos del 3 % de lo invertido en 2023.

En cuanto a las metas del programa, se observa un giro estratégico: se abandona el asesoramiento, la capacitación docente (ESI) y el apoyo a la IVE para centrarse casi exclusivamente en la distribución de métodos anticonceptivos físicos (preservativos, DIU, implantes). A pesar del aumento en la distribución de algunos insumos, la meta de cobertura general con métodos anticonceptivos se reduce significativamente (de 54% a 34% de la población), lo que sugiere que menos personas en total accederán a los tratamientos del programa.

En relación con las actividades de Educación Sexual Integral (ESI), bajo la órbita de la Secretaría de Educación, el Proyecto de Presupuesto 2026 asigna $30 millones, lo que representa apenas el 2 % de lo ejecutado en 2023. En 2025, se reporta que no se planifica capacitar a ningún docente ni brindar asistencia en ninguna provincia, y en 2026 directamente desaparece del presupuesto como metas informadas.

Análisis de partidas de protección social y previsional

La moratoria previsional tiene un impacto particularmente relevante entre las mujeres, cuyas trayectorias laborales están marcadas por la informalidad, la precariedad y las interrupciones ligadas al trabajo no remunerado en los hogares.

En términos presupuestarios, en 2025 se recuperó el nivel de gasto registrado en 2023, y para 2026 se proyecta un aumento de casi 5 % en valores reales respecto a ese año. En cuanto a la cobertura, según los indicadores presentados en el Proyecto de Presupuesto, la cantidad de personas jubiladas por moratoria se incrementaría un 10 % entre 2023 y 2026.

Bono previsional. El proyecto de presupuesto sostiene el mismo monto total de la partida destinada al bono, por lo que, a diferencia del aumento real en moratorias, este beneficio pierde valor y equivale a casi la mitad de lo que representaba en 2023. Dentro del total de personas jubiladas a través de moratorias, el 63 % perciben haberes iguales o por debajo de la mínima.

La Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la Prestación Alimentar son consideradas “Presupuesto con Perspectiva de Género” en virtud de que priorizan a las mujeres como titulares del beneficio, reconociendo su rol central en la organización del cuidado y pueden contribuir a su autonomía económica, especialmente en hogares monoparentales encabezados por mujeres.

Para 2026, el Proyecto de Presupuesto mantiene un nivel de inversión similar al de años anteriores. Un dato positivo es que se refuerza el peso de la AUH —una política protegida por ley y con actualización automática— frente a la Prestación Alimentar, que depende de resoluciones ministeriales y los aumentos son decididos de forma discrecional por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, la preocupación central en esta materia es que el art. 73 del Proyecto de Ley de Presupuesto deroga el mecanismo de actualización. Si se subestima la inflación proyectada en el Presupuesto, esto podría derivar en una licuación de la prestación en 2026.

El presupuesto no es solo una herramienta técnica

Define qué derechos se garantizan y cuáles se postergan. En un contexto de desmantelamiento de políticas de igualdad y pérdida de transparencia, resulta imprescindible que el Congreso recupere su rol central en la deliberación presupuestaria. Debatir el presupuesto con participación ciudadana y perspectiva de género es condición para revertir los retrocesos, reconstruir las capacidades del Estado y asegurar que los recursos públicos se orienten a garantizar políticas orientadas al cierre de brechas de género.

Prensa Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)