En una contundente derrota para el Ejecutivo nacional, el Senado rechazó este jueves los vetos presidenciales a dos leyes clave: la declaración de Emergencia Pediátrica con el Hospital Garrahan como símbolo, y la norma que asegura y actualiza los presupuestos de las Universidades Públicas. Ambas iniciativas recuperaron vigor tras alcanzar los dos tercios de los votos requeridos: 59 adhesiones para la Emergencia Pediátrica y 58 para la Ley Universitaria.

La sesión, conducida por la Vicepresidenta Victoria Villarruel, evidenció el respaldo casi unánime de la oposición, mientras que el oficialismo no logró frenar las insistencias. La Emergencia Pediátrica recibió siete votos negativos y tres abstenciones de los Legisladores macristas Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala. En tanto, la Ley Universitaria contó con siete rechazos y cuatro abstenciones, incluidas las de los tres macristas y la radical Carolina Losada.

La normativa de Emergencia Pediátrica contempla la asignación prioritaria de recursos para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinado a la atención pediátrica. Además, establece la recomposición inmediata de salarios del personal asistencial y no asistencial, incluyendo a residentes de todas las especialidades, y exime del pago de ganancias a quienes realicen actividades críticas, horas extras o guardias. El Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” fue declarado hospital de referencia nacional en atención de alta complejidad, y el impacto fiscal de julio a diciembre se estima en $65.573 millones según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario obliga al Ejecutivo a actualizar los gastos de funcionamiento de las Universidades Públicas desde mayo hasta diciembre de 2024 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, con subas bimestrales. También impone la actualización de salarios de docentes y no docentes entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, asegurando que cualquier incremento sea remunerativo y bonificable. Además, establece negociaciones paritarias obligatorias con periodicidad máxima de tres meses y actualización mensual no inferior a la inflación publicada.

El rechazo de los vetos marca un nuevo desafío para el Gobierno, que deberá aceptar la insistencia de ambas leyes y reactivar la ejecución de recursos, mientras crece la expectativa por los próximos movimientos del Ejecutivo respecto a otras iniciativas, como la norma sobre discapacidad que días atrás sufrió demoras en el giro de fondos.