El cónclave de candidatos y economistas de Juntos por el Cambio de esta semana avanzó en definiciones sobre los objetivos prioritarios de esa fuerza en materia previsional. Las ideas en común para una reforma jubilatoria son tres: terminar con los regímenes especiales, en particular el de los docentes, anular la moratoria previsional que sancionó el Congreso este año, y trabajar políticamente para que las trece provincias que no transfirieron sus Cajas a la Nación se decidan a dar el paso, mediante una combinación de "estímulos" o presiones.

Sobre el aumento de la edad de retiro hay diferentes opiniones, con dirigentes y especialistas vinculados a Patricia Bullrich que recomiendan aumentarla de 60 a 65 años para las mujeres, como ya intentó la propia precandidata en 2001 cuando era Ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza, mediante un decreto que también ordenó el recorte de los haberes del 13 por ciento y finalmente fue anulado por decisión judicial.

Otros, en JxC, consideran que esa medida tendría mayores costos políticos que beneficios fiscales a corto plazo, ya que en la actualidad una mayoría de mujeres se jubila a los 63 años, por lo que estiman conveniente postergar el debate para cuando avance la gestión.

Sobre la edad de retiro de los hombres, en principio la mayoría no plantea subirla de los 65 años actuales, con excepción de Ricardo López Murphy, que hizo declaraciones a favor de esa alternativa.

Jubilaciones en el Excel

La mirada compartida en Juntos por el Cambio sobre la problemática previsional es fiscalista. El 45,1 por ciento del total del gasto público presupuestado para este año está destinado a la seguridad social -incluidas las asignaciones familiares, la AUH y las pensiones por invalidez y desempleo-.

Los equipos técnicos que trabajan con Horacio Rodríguez Larreta aseguran que se puede realizar una poda equivalente a 4 puntos del PIB, lo que sería fundamental para pasar de déficit a superávit en las cuentas del Estado, cumplir las metas con el FMI y dar una señal contundente a los mercados financieros para recuperar el crédito externo. Así lo sostiene un documento del centro de estudios Cippec, con Manuel Mera como una de las voces escuchadas por el Jefe de Gobierno porteño. Otro de los expertos que trabaja con el precandidato es Rafael Rofman, ex Directivo del Banco Mundial.

De acuerdo a la visión del larretismo, la ganancia de estabilidad macroeconómica que se lograría con esos cambios redundaría en mejoras para el conjunto de la ciudadanía, incluidos los que tendrán que hacer su "esfuerzo" con una rebaja en los ingresos jubilatorios o trabajar más años para retirarse. Es el mismo concepto que guio al gobierno de Mauricio Macri para quitar beneficios a las mayorías populares con la promesa de que se construirían jardines de infantes, crecería la economía y bajaría la inflación. El resultado fue que se perdieron los derechos y las ganancias nunca llegaron.

En su presentación de la semana pasada, Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia a las prioridades para recortar gastos que postula la oposición. Recordó que "en planes sociales se gasta el 1,9 por ciento del PIB, mientras que en exenciones y moratorias de deuda, más de 4 por ciento. Yo me quejo más de los que tienen plata y no pagan impuestos. Si revisáramos la base impositiva, no tendríamos déficit fiscal", cuestionó.

En ese sentido, el otro gran apartado para bajar el gasto público que proyectan los economistas de Juntos por el Cambio es la disminución de los subsidios a las tarifas de servicios públicos, con el consecuente aumento de tarifas. En este punto las coincidencias son totales entre Bullrich y Rodríguez Larreta.

Jubilación docente

El régimen de jubilación docente es el principal apuntado por la reforma jubilatoria que prepara Juntos por el Cambio. Con datos a marzo pasado, involucra un gasto presupuestario de 46.800 millones de pesos, con 177.635 beneficiarios nacionales de la educación primaria, secundaria y superior no universitaria (con haberes promedio de 243.149 pesos) y 10.153 jubilados del sector universitario (con haberes promedio de 360.560 pesos).

El gobierno de Néstor Kirchner restituyó en febrero de 2005 el beneficio para la educación básica, secundaria y superior no universitaria, anulando el decreto que habían firmado en 1994 el presidente Carlos Menem y el ministro Domingo Cavallo. Esa modificación restableció el criterio del 82 por ciento móvil -con 2 puntos más de aportes en la etapa activa- y fijó la edad de retiro en 57 años para las mujeres y 60 para los hombres. En 2007 se extendió el beneficio del 82 por ciento móvil para los docentes universitarios -también con 2 puntos más de aportes- y edades de retiro de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, tal como regía hasta 1991, cuando fue derogado por la Ley de Emergencia Económica.

Tanto en 1991, como en 1994 y en la actualidad por Juntos por el Cambio, el argumento principal para anular el régimen especial docente es que se lo considera un sistema de privilegio, que además resulta deficitario para el Estado nacional. De ese modo, se terminaría con el 82 por ciento móvil.

"En la Argentina hay más de 200 regímenes especiales. Puede haber casos particulares, pero en términos generales deberíamos tener un solo sistema previsional y estable en el tiempo”, sostuvo Rodríguez Larreta públicamente hace un año, anticipando que su idea es suprimir la mayoría de esos sistemas.

Quedarían a salvo los regímenes diferenciales que cuentan con requisitos de edad y servicios menores que el régimen general por involucrar tareas consideradas insalubres, como mineros, recolectores de residuos, ferroviarios o bailarines del Colón (son 38 profesiones en total), mientras que los regímenes especiales, que permiten obtener jubilaciones en mejores condiciones en requisitos y/o montos, donde ingresan los docentes, investigadores y científicos, serían modificados. Así lo afirmó Mera, del Cippec, en declaraciones recientes a elDiarioAR.

La incógnita es si un eventual gobierno de Rodríguez Larreta también terminaría con los regímenes de privilegio de jueces y diplomáticos. En el primer caso, con datos a marzo, hay 7526 jubilados del Poder Judicial con haberes promedio de 1.045.077 pesos, en tanto que en el servicio exterior son 677 jubilados con ingresos mensuales de 1.256.838 pesos.

Moratoria

La moratoria previsional que sancionó el Congreso en febrero pasado tiene vigencia por dos años. La medida permitirá completar aportes a 800 mil personas que de otro modo no podrán jubilarse. Juntos por el Cambio votó en contra de esa norma y tanto Bullrich como Rodríguez Larreta sostienen que debe darse de baja, para lo cual se requiere de una nueva ley.

Si la actual oposición no tuviera los votos en el Congreso para dar ese paso, en caso de ser gobierno, tendrá que esperar a 2025 para dejarla caer sin renovarla.

La política de JxC respecto de aquellos que no completan los 30 años de aportes es otorgarles la Prestación Universal al Adulto Mayor (Puam), equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima, sin derecho a pensión. Es la prestación asistencial que creó Macri durante su gobierno. Algunos diputados y especialistas de ese espacio proponen crear un régimen intermedio entre la PUAM y la jubilación ordinaria, en función de los años de aportes del trabajador. Si bien no podrían alcanzar ni siquiera el haber mínimo, se les reconocería un pago mayor al de la PUAM, de acuerdo a los años en que hayan registrado aportes.

Cajas provinciales

Después de las reformas del menemismo, 13 provincias resistieron la presión para transferir sus Cajas Jubilatorias a la Nación. Son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La mayoría de ellas, en especial Buenos Aires, recibe transferencias del gobierno nacional para compensar su déficit.

Aunque esa cifra supuestamente equivale al desequilibrio que tendrían las provincias si sus sistemas hubieran pasado a la Nación, en la práctica suele ser más. Es un elemento de presión política que parece dispuesto a poner sobre la mesa un eventual gobierno de Juntos por el Cambio para que los distritos, o bien traspasen sus sistemas jubilatorios o los "armonicen" con el nacional mediante la quita de beneficios especiales de sus jubilados, ya sea en edad de retiro -por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires los docentes se jubilan a los 50 años- o de los haberes que cobran.

En definitiva, la orientación sigue siendo la misma: utilizar a las jubilaciones como variable de ajuste.