El Mandatario provincial destacó que, “a 189 años de aquel vicio de origen y génesis de la presencia ilegal británica en nuestras Islas, un hecho que la Argentina jamás consintió y que tanto hoy, como en aquel entonces, fue protestado y en donde nuestro país ofreció su solución por distintos métodos pacíficos, reafirmamos nuestro derecho inalienable a vivir en paz en todo el territorio de nuestra provincia, la que contiene en su jurisdicción a nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.

Es por ello que aseguró que, “en pleno Siglo XXI, exhortamos al Reino Unido a que deponga su actitud colonial y cumpla, de una vez por todas, con el mandato de poner fin al colonialismo en todas sus formas que las Naciones Unidas han impuesto a todos los Estados del mundo, y de esa manera recuperar el ejercicio efectivo sobre nuestros territorios usurpados y sanar una herida que sigue siendo tan dolorosa y cara para el pueblo argentino en general y para los fueguinos en particular como hace 189 años”.

Melella recordó que, “aquella usurpación, sin previo aviso, y existiendo relaciones y sin ningún motivo, el Reino Unido apelaba al uso más burdo de la fuerza para saciar su antigua pretensión colonial abandonada en la segunda mitad del Siglo XVIII y ocupar así nuestras Islas Malvinas”.

“Nuestros próceres, con gran visión estratégica, conocían a la perfección la importancia de esta región. No por nada uno de los primeros actos de gobierno de la Primera Junta tuvo que ver con Malvinas. Una década después, cuando nuestro país pudo darle la atención necesaria, la Argentina tomaba posesión oficial e izaba por primera vez nuestro pabellón nacional en las Islas frente a buques y capitanes de variadas nacionalidades; acto que fue ampliamente cubierto y publicitado a lo largo y ancho del mundo, incluido en el Times de Londres”.

Cabe recordar que durante casi una década la Argentina llevó a cabo innumerables actos de soberanía sobre y alrededor de las Islas: concesiones de tierra, de ganado, nombramiento de autoridades, entre otras. Quizás una de las más trascendentales, y que demuestra la importancia que dichos territorios tenían para el Gobierno nacional, fue la sanción de la primera ley relativa a los derechos sobre los productos de pesca y caza de anfibios en la costa patagónica con el objetivo de reglamentar dicha actividad y evitar la depredación de los recursos por los excesos cometidos por las naves extranjeras.

No obstante, cuatro años antes de la violación de nuestra integridad territorial por las fuerzas británicas, la Argentina había establecido un marco administrativo acorde a la importancia de aquella parte del territorio nacional. El 10 de junio de 1829, decreto mediante, la Argentina creaba la Comandancia Político y Militar de las Islas Malvinas y Adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico y nombraba como Comandante Político y Militar de aquella gran jurisdicción a Luis Vernet, quien había dado pruebas más que suficientes de la valía de aquellos sectores de la joven Patria.

Esta Comandancia, cuyo centro político y administrativo se encontraba en las Islas Malvinas, tenía jurisdicción, a su vez, sobre Tierra del Fuego y los espacios marítimos. Se trataba de los primeros antecedentes de nuestra pprovincia. “Probablemente, de no haberse llevado a cabo el acto de fuerza británico, violatorio del derecho internacional de la época, nuestra Provincia tendría su capital en las Islas Malvinas”, consideró el Mandatario.

Argentina había demostrado la viabilidad y el potencial de las Islas y había sido la primera nación en la historia de las Islas en apelar por primera vez al establecimiento de una población civil y apostar a su desarrollo humano. Según informes de la época más de 300 personas habían pasado por el establecimiento argentino y más de 150 vivían pacíficamente en las Islas donde regía y se respetaban las leyes de la Republica.

Las autoridades argentinas se preocupaban por mantener excelentes relaciones con las poblaciones originarias de la región y se auxiliaba a aquellos navegantes que surcaban el tempestuoso océano atlántico, prestando asistencia, incluso, en nuestras Islas Georgias del Sur.

Fue Londres quien, al ver el potencial estratégico de las Islas y los avances que la Argentina había logrado con mucho esfuerzo, puso fin al mayor desarrollo poblacional de las Islas en sus entonces más de tres siglos de historia.

Así, violando el derecho internacional y la integridad territorial de una nación con la que mantenía relaciones de amistad, el Reino Unido infligió una herida profunda en el corazón de nuestra novel Republica y, en palabras del representante del hermano pueblo de Bolivia, se trataba de un acto “ofensivo y demasiado injurioso a todas las repúblicas americanas”.

Apelando a su superioridad militar, el gobierno británico expulsó a las legítimas autoridades argentinas allí establecidas y a la población argentina que allí residía. De esta manera, nombres como Joaquín Acuña y su mujer Juana, Mateo González y su mujer Marica, María Rodríguez con sus tres hijos, Anastasia Romero, Encarnación Álvarez, Carmen Benítez, Tránsita González y su hija, y decenas de hombres, mujeres y niños más, se transformaron en los rostros víctima de la prepotencia imperial británica.

Personas que fueron expulsadas de sus hogares y que se les impidió su regreso. Personas que quizás hoy serían antepasados de habitantes de nuestra provincia de haberse continuado el desarrollo nacional pacífico en estos territorios.

Sus nombres, así como los de nuestros Héroes y Heroínas del Conflicto del Atlántico Sur de 1982, son un vívido de recuerdo de que no existe otro camino que el de la diplomacia, el derecho internacional y la paz.

“Esto se evidencia en la permanente y reiterada disposición argentina a reanudar, con espíritu constructivo, el proceso negociador bilateral con el Reino Unido. Así lo reclama la comunidad internacional, con el firme objetivo de hallar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”, concluyó el Gobernador.

Secretaría de Comunicación. Gobierno de Tierra del Fuego.