El jueves 29 de julio, el Presidente Alberto Fernández anunció un conjunto de iniciativas del Poder Ejecutivo en materia de reforma judicial, incluyendo el envío de un proyecto de ley que tiene como aspectos más destacados introducir modificaciones en el diseño de los juzgados y tribunales que componen los fueros federales y la creación por decreto de un Consejo Consultivo compuesto por once especialistas, para realizar propuestas de reformas sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los Ministerios Públicos y el juicio por jurados.

Desde ACIJ destacamos la importancia de iniciar una discusión en un tema que demandaba un abordaje urgente por los numerosos problemas de independencia y de funcionamiento en áreas del Poder Judicial con alto impacto político y mediático, como el Fuero Criminal y Correccional Federal o el Fuero Contencioso Administrativo Federal.

Los avances

El proyecto anunciado incluye algunos avances relevantes que responden a demandas impostergables, como lo son el impulso a la implementación del sistema penal acusatorio -consagrado en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación-, la transferencia de competencias penales ordinarias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -un proceso iniciado a partir de la reforma constitucional de 1994 y que es necesario concluir luego de 26 años-, y la creación de juzgados penales con competencia exclusiva en esta materia en todo el país -con el propósito de fortalecer capacidades en el combate a delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas-.

Cambios y continuidades en “Comodoro Py”

En lo que refiere a la fusión de los actuales fueros en lo criminal y correccional y en lo penal económico, a lo que se suma la creación de 23 nuevos juzgados de primera instancia y 5 tribunales orales, la medida podría tener impactos positivos para revertir la nociva concentración de poder en este sector del sistema judicial. Ahora bien, la propuesta se presenta como insuficiente a la luz de las medidas que resultan necesarias para terminar con las arbitrariedades y el mal funcionamiento que han caracterizado a este fuero.

Tal como describimos en el documento “Reformar la Justicia: Miradas y propuestas para pensar un Poder Judicial accesible, igualitario, transparente, independiente y comprometido con los derechos”, una porción significativa de la crisis que vive esta institución del Estado en nuestro país se debe a un perfil de juezas y jueces poco independientes, ajenos a una perspectiva de derechos humanos y cuyo desempeño no es controlado adecuadamente. Esta situación se ve con mayor claridad en la investigación penal, donde rige un modelo inquisitivo en el que jueces y juezas tienen la facultad de investigar e impulsar el proceso penal, al mismo tiempo que deben velar por las garantías de las y los imputados.

Por ello, cualquier reforma que se tome en serio el desafío de revertir los actuales problemas del Poder Judicial debe ocuparse, por un lado, de eliminar la trama de relaciones nocivas entre el Poder Judicial, los poderes políticos, el sector empresario y los servicios de inteligencia; y al mismo tiempo de desarticular el régimen de privilegios y la falta de mecanismos de rendición de cuentas que hoy detentan los jueces y juezas, y que suele alejarlos por completo de las necesidades del conjunto de la ciudadanía.

Esto también implica garantizar un debate amplio en relación al modo en que son elegidos los y las fiscales, de su independencia y, en general, del funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, de modo que el nuevo sistema no traslade los vicios de una institución a otra en el cambio de roles que implica el sistema penal acusatorio. En segundo lugar, resulta necesario fortalecer los mecanismos relativos a los procesos de selección y disciplinarios de las autoridades judiciales, los cuales han demostrado ser sumamente deficientes.

Sin una reforma de estos mecanismos destinada a garantizar su plena ecuanimidad, independencia, transparencia y el control social, es poco probable que el proyecto logre alcanzar los objetivos enunciados por el Poder Ejecutivo. En este sentido, si bien la propuesta contempla algunas mejoras en los concursos para los juzgados que se crearían -como la publicidad de los exámenes y el tope al puntaje otorgado en las entrevistas personales-, las y los nuevos 23 jueces del fuero penal federal de la Ciudad de Buenos Aires serán seleccionados con un proceso bastante similar al utilizado para elegir a muchos de quienes ya forman parte del Poder Judicial, cuya actual integración se ha mostrado como un grave problema.

A ello se suma la decisión de que dicha apertura de nuevos juzgados se realice en la primera etapa mediante magistradas y magistrados subrogantes, lo que no contribuye a asegurar que sean los más idóneos, independientes y comprometidos con los derechos.

Algo similar ocurre respecto a los procesos disciplinarios, una de las materias sobre las que deberá expedirse el Consejo Consultivo. Sin un cambio profundo en esta función del Consejo de la Magistratura las posibilidades de perpetuar los males actuales se incrementan. La invitación del proyecto a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de la Magistratura a sancionar Códigos de Ética de la función judicial colabora en este camino, pero sin formas efectivas de aplicación de estas nuevas reglas es difícil estimar un impacto positivo.

La agenda del Consejo Consultivo y las vías del debate público

El segundo pilar de los anuncios es la creación de una comisión de juristas destinada a presentarle al Poder Ejecutivo una serie de propuestas relativas al funcionamiento e integración de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los Ministerios Públicos y la implementación del juicio por jurados. Si bien la consulta a personas expertas en la materia resulta fundamental, no puede ser excluyente de otras formas de participación ciudadana y de debate público. La actuación de nuestro sistema de justicia, en tanto garante de nuestra democracia y los derechos de la población, impacta de lleno en el conjunto de la sociedad y en particular de los grupos más vulnerabilizados. Por ello, la discusión no puede quedar reservada a una élite, sino que debe ampliarse mediante mecanismos de participación en todos los ámbitos del debate, tanto en el Poder Ejecutivo para el diseño de las propuestas, en el Congreso de la Nación para la discusión y aprobación de los eventuales proyectos y en el Poder Judicial al momento de implementar las reformas.

Respecto a la Corte Suprema de Justicia, si bien no se conocen aún propuestas específicas relativas a su diseño o cantidad de integrantes, éstas podrían ser parte de los resultados del trabajo del Consejo Consultivo. En relación a este punto, producto de la trascendencia institucional de un cambio en la conformación de la cabeza de uno de los tres poderes del Estado, resulta necesario buscar mecanismos que garanticen que las decisiones de diseño institucional no estén condicionadas por los posibles beneficios o perjuicios del cambio para uno u otro sector. Para ello, creemos que deberían buscarse soluciones creativas, como podría ser la separación temporal de las decisiones relativas al diseño del órgano respecto de aquellas vinculadas a su definitiva integración.

A modo de conclusión, la iniciativa anunciada por el Poder Ejecutivo comprende algunas de las deudas pendientes de reforma de nuestro Poder Judicial, pero no incorpora otras de mucha relevancia y urgencia como las relativas al acceso a la justicia y a la democratización de ciertos espacios de toma de decisiones públicas. Esperamos que se creen instancias para que los proyectos puedan ser discutidos y mejorados por parte de la ciudadanía, y este sea un primer paso hacia un debate que logre tener alcances más amplios e integrales, que nos permitan considerar que estamos ante un cambio de época en lo que al funcionamiento del Poder Judicial refiere.

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) es una organización apartidaria, sin fines de lucro, dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en Argentina.

Fundada en 2002, ACIJ tiene por objetivos defender la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los principios del estado de derecho, promover el cumplimiento de las leyes que protegen a los grupos desaventajados y la erradicación de toda práctica discriminatoria, así como también contribuir al desarrollo de prácticas participativas y deliberativas de la democracia.

Prensa ACIJ.