Los estudios legales especializados en la materia estiman que esta práctica ya sufrió un incremento de, al menos, un 15% respecto de un año atrás, pero advierten que lo más grave todavía está por verse.

Como los casos que se están llevando adelante son anteriores a la devaluación sufrida entre abril y septiembre, los expertos creen que el impacto pleno de la crisis aún no se sintió, y que hay altas probabilidades de que el número de concursos preventivos crezca en las próximas semanas.

El detonante de los problemas de insolvencia de las empresas fue, naturalmente, la combinación de la devaluación del peso, el encarecimiento del financiamiento privado y el entorno recesivo. El pronóstico es sombrío: si no bajan las tasas y el mercado se sigue reprimiendo, la previsión que hacen los analistas es que las empresas se terminarán "comiendo" los stocks.

Los asesores de empresas consultados por este medio coinciden en señalar que las grandes deudas de sus clientes se generan en dos ámbitos: el tributario y el laboral.

En el primero, por la presión tributaria –a la que consideran insostenible- y los juicios laborales, que por la aplicación de las tasas de interés vigente, hace que las sentencias se transformen en impagables.

El especialista Eduardo Favier Dubois, titular del estudio Favier Dubois & Spagnolo, destaca que en el aspecto tributario también empiezan a surgir cuestiones penales, porque si -por ejemplo- no se realizó el pago de los aportes, el empresario puede terminar en la cárcel, ya que está cometiendo un delito.

Lo cierto es que el aumento en las consultas de empresarios que quieren concursarse ya es una realidad palpable en el día a día de los estudios jurídicos.

Por caso, el abogado Jorge Grispo, titular del estudio que lleva su apellido, destaca que en su despacho hay cinco consultas más por semana que las que tenía el año pasado. Estima que uno de esos casos se concursará en lo inmediato, mientras que los demás "tratan de pilotear la situación y va analizándola".

Lo que es claro es que la toma de la decisión de concursarse siempre es difícil para un empresario. Cuando se llega a esa instancia es porque se percibe una situación de callejón sin salida.

Favier Dubois explica que hay un aspecto emocional ya que algunos hombres de negocios, en especial los más veteranos, consideran que ingresar en esa instancia es "un fracaso y un golpe psicológico, ya que incumple frente a sus acreedores y sus trabajadores".

Peor que en recesiones anteriores

¿Qué tan grave es la situación en comparación con otros momentos recesivos? Para los expertos, está lejos de los escenarios más graves, como el del 2001, cuando tras el colapso de la convertibilidad había un enorme número de empresas en default financiero o con imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones.

Si se toman términos porcentuales, se está en la mitad, destaca Grispo. Pero agrega que no sólo influye la diferencia de magnitud de la crisis sino que hay también un cambio de entorno: había otra legislación y el empresario ahora está más experimentado, lo que le permite buscar otras alternativas para enfrentar la crisis.

En cambio, cuando se compara con recesiones más recientes, como las ocurridas durante el kirchnerismo en 2009, 2012 y 2014, la conclusión es que la crisis actual le ha pegado más duro a las empresas. Al menos, en esos momentos se registraron muy pocas empresas en necesidad de concursarse.

“En esos años no había tantas consultas”, agregó Grispo, que estima que ahora se quintuplicaron las solicitudes que llegan a los estudios para analizar concursos preventivos, en relación a las recesiones anteriores.

En cuanto a los números actuales, la Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura registra la presentación de 132 concursos y 829 quiebras en el Fuero Comercial entre  enero y junio de este año.

Es decir, ya se marca un aumento respecto del primer semestre de 2017, cuando totalizaban 889 las presentaciones, a las que se agregaron 1.152 en el segundo semestre. En todo el año pasado, se presentaron 207 concursos y 1.834 quiebras.

Y los especialistas dan por hecho que el número de este año se ampliará porque todavía hay empresas afectadas por la devaluación que sufrieron una ruptura en la cadena de pagos que todavía no se decidieron a ingresar.

Al respecto, lo que los abogados remarcan es que es un error esperar a tener “el agua al cuello” para tomar la decisión de concursarse.

Esa situación, por ejemplo, en la provincia de Córdoba en los primeros ocho meses del año, llevó a que los pedidos de quiebras en los juzgados de la capital provincial experimentaran un alza interanual superior al 50 por ciento. En igual período, los de concursos de acreedores crecieron más del 30 por ciento. El incremento en esas causas respecto de 2017 es muy fuerte.

“El empresario a veces no entiende que el concurso permite proteger la empresa y dejarla en marcha. Lo suelen ver como algo disvalioso, pero ello no es así. Es una decisión más de negocios. Si la toma a tiempo, puede obtener mejores resultados”, destaca Grispo, quien luego da un ejemplo gráfico.

“Si deben 100 millones de pesos, ese monto queda congelado y tiene dos años para ponerse de acuerdo con los acreedores. Hay otro margen de maniobra”, remarca.

“Es que la presentación en concurso suspende el interés de la deuda con los bancos, por lo que es muy beneficioso financiarse con la espera que da el procedimiento concursal” explica Grispo a iProfesional y enfatiza que el 90% de las consultas se origina por una mezcla de deudas laborales y fiscales que no se pueden afrontar.

En ese contexto, destaca que el concurso ayuda a evitar los embargos sobre los distintos activos, lo que favorece la continuidad del negocio.

La lista de ventajas

Una salida que se suele buscar es pagar la sentencia laboral en cuotas, pero no muchos ex dependientes quieren esperar porque ya lo hicieron hasta la resolución del litigio. Para el mencionado experto, se trata de una situación lógica porque el trabajador busca proteger su interés legítimo.

La decisión de ingresar a este procedimiento exige un previo y exhaustivo análisis, ya que hay que dejar en claro no sólo la real situación de la firma sino, además, las razones comerciales, económicas y financieras que la llevaron hasta allí.

Su presentación desencadena una serie de eventos y procesos que, si bien son considerados inicialmente  una molestia o una carga, a poco de concretarse tiene un importante efecto beneficioso colateral y, en muchos casos, son el inicio de la solución de los problemas que originaron la crisis.

Los expertos destacan que hay grandes diferencias entre el concurso y la quiebra. En el primero, el deudor pide asistencia al sistema judicial para salir del estado de insolvencia y regularizar la situación con sus acreedores. La finalidad es acordar cómo va a hacer frente a esas obligaciones, en qué forma, plazo y modo para continuar operando.

Entre sus beneficios, el empresario mantiene la administración de su negocio, se interrumpen los pagos de deudas por causa o título anterior a la presentación, se suspende el curso de los intereses sobre deudas quirografarias, se levantan las medidas precautorias ordenadas sobre activos de la sociedad, se suspenden transitoriamente las ejecuciones de garantías reales, se prohíbe la suspensión de servicios públicos y, eventualmente, se puede ordenar la suspensión de los convenios laborales.

En cambio, la quiebra supone un problema económico, es decir una empresa inviable, que sólo soluciona sus deudas liquidando sus activos y pagando con el producido de sus bienes a sus acreedores.

Llegar a tiempo para evitar la quiebra es la clave. Favier Dubois destaca que, luego de analizar la situación económica complicada de la empresa, cuanto más rápida se haga la presentación del concurso, más probabilidades habrán de garantizar la continuidad de la firma.

“El logro de ese objetivo central se alinea a tutelar una pluralidad de intereses: de los acreedores en cuanto a la factibilidad de ofrecer a ellos la más adecuada propuesta de acuerdo preventivo que pueda lograrse y que sea realmente cumplible; de los trabajadores –factor de especial atención en el contexto general y sectorial – por la necesidad de intentar optimizar en la mayor medida la conservación de su fuente de trabajo; del fisco nacional, provincial y municipal y de la comunidad misma en general ya que esta tendrá más oferta de bienes o servicios”, agrega el experto.

Favier Dubois agrega que el empresario que no quiera concursarse tiene la posibilidad de cerrar un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), que es un acuerdo privado que luego homologa un juez, que le permite renegociar el pago de deudas privadas, pero no las fiscales.