Suspendieron a los Diputados radicales que votaron contra los jubilados
La Mesa Directiva de la Convención Nacional de la UCR resolvió suspender preventivamente la afiliación partidaria de los cuatro Diputados nacionales que representando al radicalismo cambiaron su voto y respaldaron el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria.
“Hay que sumar Diputados, no podemos darnos el lujo de perderlos”, señalaron fuentes allegadas al Presidente del bloque de Diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo, en referencia los Diputados que traicionaron la decisión partidaria, Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, quienes tendrán su ficha de afiliación suspendida mientras dure el proceso de investigación que desde ahora llevará adelante un tribunal de ética partidario.
En realidad fueron cinco los diputados del bloque que votaron a favor del Gobierno y en contra del proyecto que había impulsado la UCR junto a otros bloques, pero Federico Tournier queda al margen de la sanción ya que es un extrapartidario. El correntino se sumó a la bancada que lidera Rodrigo de Loredo por su vínculo con el Gobernador Gustavo Valdés, pero pertenece a otro partido político.
Hay otros dos Diputados cuyos casos también serán elevados al Tribunal de Ética para ser investigados: se trata de la santacruceña Roxana Reyes y el chaqueño Gerardo Cipolini, quienes se ausentaron al momento de la votación luego de argumentar a favor de la postura del Gobierno durante el debate.
En el caso de ellos dos, no fueron suspendidos preventivamente del partido como los anteriores cuatro que marcaron su voto en contra del proyecto del radicalismo, sirviendo a los intereses del Gobierno.
La medida disciplinaria contra Campero, Arjol, Picat y Cervi se aprobó por 10 votos contra 2 en la Mesa Directiva de la Convención Cacional, que es encabezada por Gastón Manes y Hernán Rossi.
Otro caso polémico que fue pasado por alto es el del entrerriano Pedro Galimberti, quien sospechosamente renunció a su bancada de Diputado nacional días antes de la sesión en la que iba a votarse la insistencia de la ley jubilatoria.
Resulta que el Gobernador de su provincia, Rogelio Frigerio, quien hasta hace poco era su rival político, le ofreció un cargo para integrar la Comisión Mixta Técnica de la represa de Salto Grande, por el que cobrará mensualmente en dólares una suma que multiplica la dieta que percibía como Legislador nacional.
Así fue que no solamente el bando que intentaba juntar los dos tercios para anular el veto de Javier Milei perdió un voto significativo sino que además le anotó un voto al bando que buscaba blindar el veto, ya que al comienzo de la sesión juró como su reemplazante fue la macrista Nancy Ballejos.
Galimberti bien podría haber renunciado a su cargo de Diputado luego de la sesión, habiendo ayudado a la oposición a voltear el veto a la mejora a jubilados, pero decidió adelantar su salida.
La presunción de un sector de la oposición es que en el medio hubo una transacción “non sancta” para que el Gobierno se compre un voto en una batalla crucial para el objetivo del equilibrio fiscal.
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