“La reciente eliminación de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, dispuesta por el Gobierno de Javier Milei, constituye mucho más que una mera medida de política comercial. Se trata, en rigor, de un gesto profundamente ideológico que traduce en decisiones concretas una determinada concepción del país: una concepción despojada de anclajes en el desarrollo nacional, en la producción soberana y en la geoestrategia del Estado. Esta resolución amenaza con desarticular una pieza nodal del entramado productivo nacional: la industria electrónica radicada en Tierra del Fuego A. e I.A.S.. No se trata solo de un polo económico; su existencia condensa significaciones históricas, sociales, territoriales y soberanas, que desbordan ampliamente la lógica mercantilista en la que el gobierno actual parece pretender encapsular la totalidad del debate.

Reducir la industria fueguina a un cálculo de eficiencia fiscal, o a un análisis limitado al impacto en los precios al consumidor, implica no solo una simplificación grosera, sino también una desconexión con la historia del pensamiento económico argentino y con las razones estructurales que han llevado a la Nación, desde sus orígenes como proyecto político, a luchar por un aparato productivo autónomo, aunque sin lograrlo plenamente. Ya Manuel Belgrano, en su célebre ‘Memoria Consular’ del 14 de junio de 1802, advertía, con una claridad casi profética, que ‘todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, y todo su empeño es conseguir, no sólo el darles nueva forma, sino aun atraer las del extranjero para ejecutar lo mismo, y después vendérselas’. En esta sentencia se cristaliza el núcleo mismo de lo que está en juego en la disputa contemporánea por Tierra del Fuego A.e I.A.S.. No se trata de una defensa de privilegios fiscales, sino de la salvaguarda de una política nacional de largo plazo que históricamente ha buscado resistir la lógica de la dependencia, esa lógica que empuja a los países periféricos a ser meros proveedores de recursos primarios, sin agencia ni soberanía sobre sus propias cadenas de valor.

Las críticas a la industria fueguina, particularmente aquella que sostiene que en ella no se ‘fabrica’ sino que simplemente se ‘ensambla’, ignoran la complejidad de las cadenas globales de valor. Incluso potencias como Estados Unidos, Alemania, Japón, o China operan con componentes críticos fabricados en territorios especializados, como los microconductores producidos en Taiwán, esenciales para la industria tecnológica mundial. En Tierra del Fuego A.e I.A.S., lejos de ser una actividad simplista, la industria integra procesos de manufactura, control de calidad e innovación logística que trascienden el armado básico, contribuyendo a una red productiva sofisticada y arraigada en capacidades técnicas locales.

Ningún país, en la actualidad, produce por sí solo todos los componentes de sus dispositivos, la producción tecnológica de consumo se articula a través de cadenas de valor transnacionales. Lo que distingue a las naciones desarrolladas no es la autosuficiencia total, sino su capacidad para participar activamente en esas cadenas, incorporando tecnología, generando empleo calificado e invirtiendo en infraestructura. Que Tierra del Fuego A.e I.A.S. ensamble en sus procesos de producción no es un desvío o una anomalía: es el punto de entrada hacia una industria que puede y debe integrarse más profundamente, pero que requiere para ello previsibilidad, inversión, formación y decisión política.

La industria fueguina no emerge como un fenómeno exógeno o artificial. Ha contribuido de manera decisiva a la generación de empleo de calidad en una provincia históricamente relegada, permitiendo la multiplicación de la población y sosteniendo economías locales que, en su ausencia, quedarían atrapadas en la lógica de la dependencia asistencial o del empleo público como única alternativa. El sector tecnológico representa el 17% del empleo total en la provincia y sostiene directa e indirectamente a más de 10.000 familias. No se trata de una ‘isla fiscal’; estamos ante un nodo estratégico de actividad económica, insertado en un territorio que es al mismo tiempo austral y geopolíticamente determinante.

En esa clave, la eliminación de aranceles no puede analizarse como un hecho aislado. La medida se inscribe en un conjunto de decisiones que evidencian el repliegue alarmante del Estado nacional respecto de su función esencial: la de custodiar el interés colectivo, el desarrollo equilibrado del territorio y la soberanía sobre los recursos y los espacios. No es azarosa la coincidencia temporal entre esta decisión y el anuncio de una eventual base militar estadounidense en Ushuaia, así como tampoco lo son las declaraciones presidenciales en las que se reconoce la ‘voluntad’ de los kelpers como criterio legítimo para discutir la soberanía sobre las Islas Malvinas. Estas posturas no son anecdóticas; constituyen un vector de sentido que diluye las fronteras entre apertura comercial y cesión de soberanía, entre desregulación económica y claudicación geopolítica.

Desde 1972, con la sanción de la Ley 19.640, la industria de Tierra del Fuego A.e I.A.S. ha operado como un instrumento de poblamiento, desarrollo e integración del extremo sur del país. Su función no es únicamente productiva, sino esencialmente territorial: implica concretar una presencia argentina efectiva en una zona de sensibilidad geoestratégica, frente a las tensiones con el Reino Unido por Malvinas y a la proyección nacional sobre la Antártida. Desmantelar este polo industrial no equivale simplemente a eliminar empleos o a recortar recursos fiscales: significa desandar décadas de construcción soberana en un espacio donde la ausencia del Estado puede traducirse, directamente, en pérdida de control territorial.

Es cierto que el régimen fueguino presenta falencias, pero el Gobierno actual confunde correcciones con desmantelamiento. Las reformas son necesarias; nadie niega que el sistema requiere avanzar hacia una mayor integración nacional, transparencia, diversificación productiva y eficiencia logística. Sin embargo, tales objetivos no se alcanzan dinamitando la estructura existente, sino proyectando estratégicamente su evolución. La experiencia histórica y comparada muestra que ningún país ha logrado desarrollarse sin una política industrial activa. Y toda política industrial, particularmente en sus etapas iniciales, demanda intervención estatal, generación de capacidades endógenas, formación laboral e infraestructura productiva.

La economía no puede ser reducida a un juego de precios relativos. Es una construcción histórica, política, cultural y social. Producir en Tierra del Fuego A.e I.A.S. es, indudablemente, más costoso. Pero también significa sostener escuelas, hospitales, redes de transporte, laboratorios de investigación, viviendas, y sobre todo, una población que materializa, en su cotidianidad, el derecho a habitar el sur. Abrir las importaciones sin restricciones puede reducir precios a corto plazo, pero lo hace al precio de destruir empleos, fragmentar comunidades y desdibujar la presencia nacional en una zona clave para el siglo XXI. La soberanía no se defiende únicamente con palabras; se construye, cada día, mediante decisiones económicas que refuercen la producción local y reafirmen la articulación entre territorio, trabajo y Estado.

En definitiva, la política de desarme arancelario que hoy se impulsa no es una simple reconfiguración económica: es la manifestación de un proyecto más profundo, que implica el repliegue de la Argentina como Nación autónoma. Allí donde debería desplegarse una estrategia de desarrollo con inclusión, se impone la ficción de la eficiencia individual. Donde debería promoverse la integración federal, se instaura una mirada centralista y mercantil. Donde debería afirmarse una construcción soberana, se erige la sumisión a los flujos del capital transnacional. La decisión sobre los celulares, en apariencia menor, es solo un síntoma. Su trasfondo, sin embargo, es el abandono de una visión de país soberano. Defender Tierra del Fuego A.e I.A.S. no es sólo defender una industria: es sostener una Nación".

Licenciado Diego Gabriel Encinas.