El decreto consiste solamente en cuatro artículos y adjudica al Ministerio de Economía la potestad para aplicar los instrumentos necesarios para cumplir con los requisitos del Fondo. Básicamente que haga lo que quiera, con el artilugio adelantado por el propio Milei en una columna en La Nación, que no se trata de deuda nueva. Un disparate que no resiste el mínimo análisis.

En efecto, cuando el ex Ministro Martín Guzmán acordó el Plan de Facilidades Extendidas, en ese mismo momento se terminan los “stand by” de 2018 negociados por Caputo y Sturzennegger. De manera que no hay continuidad de los Stand by de 2018 sino que se trata de un nuevo crédito que para su aprobación debe pasar según la ley, por el Congreso.

El DNU fue el artilugio que el representante argentino ante el FMI, Leonardo Madcur, le sugirió al Presidente para eludir el debate en la Cámara de Diputados y el Senado. El decreto, tal como consta en el articulado, empieza a regir desde el momento de su publicación por Boletín Oficial y para rechazarlo se requieren dos tercios en las dos Cámaras. Es decir, es más difícil rechazar un decreto que aprobar una ley.

La jugada de Milei causó malestar, incluso, en los bloques aliados a los libertarios. La irritación había empezado se reveló que el Gobierno planeaba enviar al Parlamento un proyecto sin el detalle de las condiciones del nuevo préstamo del organismo, algo que los Legisladores consideraron "un cheque en blanco".

La bancada del PRO, liderada por Cristian Ritondo, dejó trascender que no estaba dispuesta a votar un expediente sin conocer el contenido. Lo mismo plantearon los Diputados del MID, cuyo jefe es el ex titular del bloque de LLA, Oscar Zago, y los que integran el bloque de Miguel Pichetto.

El lunes, los Diputados peronistas Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz, Juan Marino y Brenda Vargas Matyi presentaron una denuncia penal contra Milei "por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", y reclamaron que se suspendan los actos que consumarían el presunto delito. Patrocinados por el abogado Eduardo Barcesat, acudieron al Fuero Federal en lo Criminal y Correccional y la denuncia recayó en el juzgado del Juez Sebastián Ramos y la Fiscalía de Carlos Rívolo. 

El primer artículo del DNU plantea que el préstamo se utilizará para cancelar las letras intransferibles en dólares que se encuentren en poder del Banco Central y las operaciones de crédito público atinentes al programa de Facilidades Extendidas con el Fondo.

Ya en ese punto, el decreto es objetado por los que observan el artículo 2 de la Ley Guzmán, que dejó sentado que, "todo programa de financiamiento u operación de crédito público con el FMI, así como cualquier operación de ampliación de los montos de ese programa, requerirá de una ley del Congreso".

Fuentes de la UCR dijeron que el asunto sería discutido en la reunión de bloque. Los Diputados macristas, por su parte, deliberaban en su grupo de WhatsApp minutos después que se difundiera el contenido del DNU por redes sociales.