"El Gobierno nacional pretende extranjerizar nuestro mar a través del proyecto de ‘Ley Ómnibus’ enviado al Congreso de La Nación. Como consecuencia, se dañaría de manera irreparable al sector pesquero nacional y a las provincias con litoral marítimo, como así también la explotación sustentable de nuestros recursos naturales y una fuente de trabajo de miles de argentinos.

Desde Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la provincia con mayor litoral marítimo de la Argentina, entendemos que este no es el camino para construir la ‘Argentina potencia’ sino un nuevo intento de rifar nuestra soberanía.

En Argentina estamos viviendo un momento de extrema fragilidad económica que nos está llevando, entre otras cosas, a que se pretenda discutir absolutamente todo y no dar por sentado nada. Esto nos obliga a repasar ciertos consensos básicos que surgieron del pacto democrático de 1983 por el cual se reafirma la Constitución Nacional que establece que Argentina es una República (donde prima la división e independencia de poderes), Representativa (gobernada por sus representantes electos democráticamente) y Federal, es decir que deben respetarse las autonomías provinciales y propender a un desarrollo económico equitativo en toda su extensión territorial.

Pero cuando hablamos de territorio, sobre todo en relación a la imagen que proyectamos al mundo, solemos centrarnos en la zona núcleo de la pampa húmeda, dando a entender que nuestro país sólo se limita a vacas, caballos, soja, trigo y con suerte una breve referencia al río más ancho. Una imagen muy distinta del mar, las chacras, ovejas, fábricas, bosques y la inmensa cordillera a la que estamos acostumbrados los fueguinos.

Nuestra Constitución Nacional es muy vaga en sus definiciones territoriales: se declara la libre navegación de los ríos interiores, se separan los límites entre la Nación y las provincias a las que corresponden los recursos naturales, pero no existe ninguna mención geográfica particular en términos de soberanía.

De quién es el Mar Argentino

La única excepción se encuentra en la disposición transitoria primera que establece que ‘La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino’.

Nuestro país, como se ha dicho muchas veces, no termina en la ciudad de Ushuaia, sino que tiene como límite austral el Polo Sur en la Antártida, tal como se refleja en el mapa bicontinental. Desde las costas de la península antártica y desde las costas de la península sudamericana, Argentina posee una extensa soberanía marítima en el Atlántico Sur, no sólo reconocida por nuestras leyes, sino también por los tratados internacionales que regulan los alcances nacionales sobre mares y océanos.

Desde nuestras costas proyectamos 200 millas de Zona Económica Exclusiva en donde nuestro país tiene derechos soberanos sobre los recursos vivos que se encuentran en el mar, a los que se le suma de forma superpuesta 350 millas de Plataforma Continental donde ejercemos derechos de soberanía sobre los recursos vivos y no vivos (minerales, hidrocarburos) que se encuentran en el lecho y subsuelo marino.

La superficie territorial y marítima posiciona a la Argentina como uno de los países más importantes del mundo, y a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur como la provincia central. Pero por si fuera poco, a la cantidad de kilómetros cuadrados que corresponden a nuestro país, le sumamos uno de los mares más ricos en términos de diversidad ictícola (pesca) por la convergencia de corrientes provenientes de la Antártida que hacen que nuestras aguas y lechos marinos posean condiciones ideales para la vida en el mar.

La pesca en la Argentina

En nuestro país se da una paradoja muy particular: por un lado tenemos uno de los sistemas de control y trazabilidad de pesca más efectivos del mundo, donde es casi imposible pescar fuera de la ley, mientras que al mismo tiempo convive entre nosotros un gran foco de pesca ilegal.

Vamos a explicarlo de forma clara. Argentina regula y controla la pesca que se encuentra desde su costa (Mar Territorial) hasta la milla 200 (Zona Económica Exclusiva). Pasado ese límite, es decir a partir de la milla 201, se considera Alta Mar y las actividades pesqueras exceden a la jurisdicción argentina.

Es ahí mismo, y no en otro lugar, donde se encuentra una gran flota pesquera (mayoritariamente china, aunque también con una significativa participación española y surcoreana) que se suele reflejar en los medios de comunicación como una “ciudad en el mar” por las luces de sus barcos durante la noche. Este tipo de pesca, aunque nos duela en el alma por su proximidad con las costas argentinas, es legal.

Entonces, ¿qué pasa con la pesca en aguas nacionales desde las costas hasta la milla 200? Y la respuesta es que también es legal siempre que cuente con la autorización de nuestro país. La Zona Económica Exclusiva no sólo se encuentra monitoreada por la Armada a través del recientemente creado Comando Conjunto Marítimo, sino también por la Prefectura Naval y por la Secretaría de Pesca que es la autoridad de aplicación encargada de autorizar/licitar, fiscalizar, regular y sancionar las actividades pesqueras en el Mar argentino.

Nuestro régimen federal de pesca fue creado por el Congreso de la Nación en 1997 y establece entre otras cosas, prioridades para aquellas empresas que empleen mayoritariamente mano de obra argentina, con buques que estén construidos en el país y de menor antigüedad posible y con actividades de mayor valor agregado. Esto no sólo se tradujo en empleo argentino y en el desarrollo paulatino de nuestros astilleros e industria pesquera, sino también permitió que nuestra Zona Económica Exclusiva se vea repleta de buques con bandera argentina.

La verdadera pesca ilegal en el Mar argentino

Para nosotros, la presencia de buques argentinos en el mar no es sólo la generación de empleo y desarrollo industrial sino un ejercicio pleno de soberanía que forma parte de las estrategias de cara a la reivindicación de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas.

Tal como dijimos anteriormente, la pesca en el Mar Argentino se desarrolla en un sistema legal, regulado, con trazabilidad en miras del desarrollo económico en el sur de Buenos Aires y Patagonia con un gran foco de pesca ilegal que se compone de las licitaciones realizadas por el Reino Unido a buques pesqueros británicos, surcoreanos, españoles, taiwaneses y vanuatenses. Se calcula que sólo de esta actividad nuestro país pierde entre 500 y 1000 millones de dólares por año entre captura, licitaciones y evasión fiscal.

El proyecto de ‘Ley Ómnibus’ que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación propone, por un lado, una severa modificación del Régimen Federal Pesquero derogando y sustituyendo todas las cláusulas que incentivan la presencia de buques argentinos. Por el otro, busca flexibilizar la entrada de buques extranjeros. Por lo tanto estaríamos ante un escenario en donde los buques chinos (y de otras nacionalidades) que se encuentran más allá de la milla 201 pudieran fácilmente ser beneficiarios de licitaciones de pesca dentro de nuestra Zona Económica Exclusiva. Pero como si fuera poco, también podrían verse beneficiadas las empresas extranjeras que pescan ilegalmente en Malvinas y que tendrían la oportunidad de operar libremente el Atlántico Sur ignorando la disputa de soberanía y mancillando la memoria de quienes dieron su vida por nuestra soberanía hace poco más de 40 años.

Conclusión: defender la promoción industrial y la capacidad instalada de Río Grande es determinante para la soberanía insular y marítima de Tierra del Fuego.

Recientemente un importante empresario pesquero de Mar del Plata, en una entrevista radial, se pronunció en contra de la reforma preguntándose, entre otras cosas, que va a hacer con su ‘capacidad instalada, personal bajo relación de dependencia, fábricas, máquinas, buques’ si le otorgan los cupos de pesca a empresas de otros países.

La idea de cuidar al personal en relación de dependencia, las fábricas y las máquinas del sector pesquero, de la mano de sostener también a los buques de bandera argentina en el Atlántico Sur, nos lleva a la idea también de preservar la capacidad industrial instalada que tanto nos costó conseguir en la Isla Grande de Tierra del Fuego y especialmente en la ciudad de Río Grande.

Así como son pocos los países que cuentan con un extenso litoral marítimo, poseen energía nuclear o tienen satélites propios orbitando el planeta Tierra, son escasas también las naciones que tienen terminales electrónicas tal como la tiene la Argentina.

Si bien al momento de la publicación de esta nota la Ley 19.640 de promoción económica y territorial fueguina se encuentra libre de modificaciones, la política económica implementada por el actual Gobierno nacional va en detrimento de nuestra industria nacional, siendo la fueguina, una de las más expuestas.

El régimen de promoción industrial es el corazón económico de nuestra provincia y fue lo que permitió, en los últimos años, que la población fueguina se multiplicara por catorce. Esta política industrial, con sus idas y venidas, la viene sosteniendo el Estado nacional desde hace 50 años con un objetivo muy simple: fortalecer las capacidades de Argentina en el Atlántico Sur y la Antártida, convirtiendo a la Isla Grande de Tierra del Fuego en la plataforma central para la integración total de nuestros espacios territoriales y marítimos.

Actualmente, y lejos de 1990, estamos en un contexto global en donde la geopolítica y los intereses nacionales volvieron a cobrar protagonismo en un mundo multipolar. De esta forma, la proteína animal del Mar Argentino, los yacimientos de hidrocarburos en Malvinas y el agua dulce en la Antártida están en la mira de las principales potencias. Si nuestro país pretende que el mapa bicontinental sea una realidad y no una curiosidad cartográfica, tiene que sostener las herramientas que nos permiten proyectarnos hacia estos espacios estratégicos. No recuperaremos las Islas Malvinas si nos quedamos sin buques de bandera argentina, sin astilleros, sin industria nacional, y sin turismo atlántico y antártico. No recuperaremos nuestras Malvinas sin un pueblo fueguino presente, en crecimiento y activo para esta gesta.

Por eso, desde Río Grande, ‘Ciudad de la Soberanía’, en la provincia bicontinental de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur defenderemos lo que tenemos y avanzaremos sobre lo que necesitamos para recuperar lo que es nuestro. Nos negamos a echar por la borda capacidades productivas y estratégicas acumuladas durante décadas por no poder visualizar la verdadera oportunidad que tenemos adelante. La oportunidad de definitivamente caminar hacia el ejercicio real de la soberanía de lo que nos pertenece como argentinos y argentinas".

Martín Pérez, Intendente de la ciudad de Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.