La decisión se habría tomado durante un encuentro entre el Presidente Alberto Fernández y el Ministro de Economía, Sergio Massa, en el que se analizó este tema como una cuestión prioritaria.

Si bien el Poder Ejecutivo tiene la voluntad de avanzar en ese sentido, la traba es cómo lograr legalmente la suspensión de la norma, que fue sancionada en el Congreso. Para tal fin, se estaría estudiando la posibilidad de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

La Ley, que fue aprobada en noviembre de 2019 y entró en vigencia siete meses después, estableció una serie de condiciones que llevó a los dueños de propiedades a optar por no ponerlas en alquiler.

Entre los puntos más cuestionados, está la extensión del plazo de vigencia de los contratos a tres años, la forma de actualización anual del valor de los alquileres, y la aplicación de un índice para establecer esos aumentos.

Los obstáculos y riesgos que pasaban a correr los propietarios hicieron que estos decidieran quitar sus inmuebles del mercado e, incluso, en muchos casos los pasaran a alquileres temporales, donde la ley no tiene injerencia.

La norma comenzó a mostrar sus falencias a poco de su implementación y, en consecuencia, distintas fuerzas políticas presentaron en el Congreso decenas de proyectos para modificarla, pero nunca se alcanzó el consenso necesario.

La aplicación del índice de actualización de los valores anualmente provoca que los inquilinos deban afrontar aumentos que, por estos días, se acercan al 100% de un mes a otro, rompiendo cualquier presupuesto. El Índice de Contrato de Locaciones (ICL) se conforma con la evolución del RIPTE (evolución de salarios) y de la inflación.

Además, los propietarios que recuperan su inmueble y deciden ponerlo nuevamente en alquiler piden un monto mensual muy elevado para cubrirse de la evolución de la inflación.

Por este tema, el ex Presidente de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe, dijo que, por entonces, cuando se sancionó la actual ley, muchos propietarios decidieron no firmar el contrato por tres años que se imponía. "Esos mismos dueños pusieron los departamentos como alquileres temporarios", señaló.

"Se dio que los estudiantes vienen en marzo a las ciudades y no hay inmuebles en alquileres. La oferta es mínima para la demanda que tiene una capital como Buenos Aires", afirmó.

En ese contexto, advirtió, "la situación de los inquilinos es muy complicada por el ABL, luz, gas y todos los gastos que implica".

Pepe sugirió que lo ideal sería derogar la Ley y volver al Código Civil, con ajustes semestrales que "funcionaban perfectamente". "No hay que hacer ninguna otra ley", aseguró.

"Si se quiere, el próximo Gobierno puede hacer una nueva ley con la participación de todos los sectores y no como se hizo en la gestión de Macri, que fue una ley apuntada para Recoleta y Puerto Madero, pero no para el resto del país", cuestionó.

Aun en caso de que se suspende la norma, Pepe dijo a Cadena 3 que los contratos actuales siguen vigentes hasta su vencimiento. "Si tengo que hacer un contrato, yo esperaría 48 horas, porque el Gobierno dice que habrá anuncios", sugirió.