El Ministerio de Energía de Tierra del Fuego rechazó el recurso de reconsideración presentado por Roch S.A. y ratificó la suspensión del trámite de reversión parcial de las áreas hidrocarburíferas CA-12 “Río Cullen”, CA-13 “Las Violetas”, y CA-14 “Angostura”.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución Ministerio de Energía N° 53/26, firmada el 20 de abril de 2026, en la que además, se reiteró que la Unión Transitoria de Empresas continúa siendo plenamente responsable de la totalidad de las superficies concesionadas hasta tanto exista una aceptación expresa de la reversión por parte del Estado provincial.

El recurso había sido presentado por Roch S.A. en representación de la UTE integrada junto a Petrolera El Trébol S.A., Desarrollos Petroleros y Ganaderos S.A., Crown Point Energía S.A., St. Patrick Oil & Gas S.A. y Secra S.A., luego de que el Gobierno rechazara inicialmente el pedido de devolución parcial de áreas mediante la Resolución Ministerio de Energía N° 43/26.

En la nueva resolución, la cartera energética sostuvo que, “la reversión de áreas no constituye un acto automático ni unilateral, sino un procedimiento sujeto a la aprobación de la autoridad de aplicación, que debe garantizar la indemnidad patrimonial y ambiental del Estado provincial”.

El dictamen legal incorporado al expediente también rechazó uno de los principales argumentos de la empresa, referido a la responsabilidad sobre pozos preexistentes. Según el Gobierno, la concesionaria mantiene obligaciones integrales sobre toda la infraestructura existente en las áreas, independientemente de la fecha de perforación o del origen operativo de los pasivos.

Además, el Ministerio ratificó que subsiste la obligación de abonar el canon de explotación sobre la totalidad de las superficies concesionadas y cuestionó la intención de la empresa de limitar el pago únicamente a las áreas remanentes.

La resolución también dejó abierta la vía administrativa para que la compañía impulse el recurso jerárquico presentado en subsidio ante el Poder Ejecutivo provincial.

El conflicto se originó formalmente el 12 de marzo de este año, cuando el Gobierno provincial rechazó la solicitud de reversión parcial presentada por la UTE encabezada por Roch S.A. y suspendió el trámite hasta que la empresa acreditara el cumplimiento integral de sus obligaciones técnicas, ambientales y de inversión.

En esa oportunidad, el Ejecutivo sostuvo que existían incumplimientos sustanciales vinculados a compromisos de inversión, caída sostenida de actividad y ausencia de ejecución en períodos recientes. También advirtió sobre posibles riesgos ambientales asociados a pozos que requerirían abandono definitivo.

La Resolución 43/26 dispuso entonces la presentación obligatoria de un informe de pasivos ambientales y una auditoría de integridad mecánica, documentación que debía ser aprobada por la autoridad provincial antes de continuar con cualquier proceso de reversión.

Según el Gobierno fueguino, el pedido empresarial no respondía al agotamiento natural de los yacimientos sino a una “estrategia de desinversión selectiva sostenida durante los últimos cinco años”.

Las autoridades provinciales advirtieron, además, que una devolución parcial sin garantías suficientes podría trasladar al Estado costos futuros vinculados a remediación ambiental y abandono de infraestructura petrolera.

Desde la empresa, en cambio, se sostuvo que la reversión parcial constituye un derecho propio de la concesionaria y que sus obligaciones contractuales se encontraban regularizadas. También notificó que comenzaría a liquidar el canon únicamente sobre la superficie que conservaría bajo explotación.

El pedido original de reversión había sido presentado a fines de 2025 por la UTE Río Cullen, Las Violetas y Angostura. La solicitud contemplaba devolver más de la mitad de las superficies concesionadas en dos de las tres áreas.

En CA-12 “Río Cullen”, la empresa propuso restituir 210,3 km² sobre un total de 353,8 km². En CA-13 “Las Violetas”, el pedido alcanzaba 536,28 km² de un total de 1.210,57 km², mientras que en CA-14 “Angostura” se solicitaba devolver 228,9 km² sobre 417,6 km² concesionados.