La presentación sostiene que Navitas habría brindado información engañosa o incompleta a sus inversores respecto del verdadero alcance del riesgo jurídico, diplomático y geopolítico que enfrenta el proyecto, desarrollado sin autorización de la República Argentina en un área sometida a una controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.

En particular, Tierra del Fuego advirtió que directivos de la compañía habrían minimizado ante el mercado la posición del Gobierno argentino, pese a que la Cancillería argentina había rechazado formalmente la decisión final de inversión anunciada por Navitas y Rockhopper, calificando sus actividades como ilegales y recordando que cualquier participación directa o indirecta en operaciones hidrocarburíferas no autorizadas en el área constituye un acto ilícito conforme al derecho argentino e internacional.

Asimismo, la denuncia solicita que la autoridad israelí investigue si Navitas omitió informar de manera inmediata hechos relevantes para sus inversores, entre ellos el rechazo oficial argentino al proyecto, las sanciones ya aplicadas contra la empresa, y las declaraciones del Presidente de la Nación del 2 de abril de 2026, en las que se anunció la adopción de medidas diplomáticas frente a actividades unilaterales e ilegítimas sobre recursos pertenecientes al pueblo argentino.

Desde el Gobierno fueguino señalaron que el caso no se limita a una controversia empresarial, sino que involucra la protección de los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, todos ellos parte integrante del territorio provincial conforme la legislación nacional vigente.

“Navitas no sólo opera ilegalmente; además debe explicar ante sus propios inversores si informó con claridad los riesgos jurídicos, penales, financieros y diplomáticos que implica avanzar sobre recursos naturales argentinos sin autorización”, afirmó el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Relaciones Internacionales, Andrés Dachary.

La presentación también remarca que la actividad de Navitas se desarrolla en contradicción con el proceso de descolonización de las Naciones Unidas, en particular con las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General, que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y llaman a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras el proceso de negociación permanezca pendiente.

“La Provincia va a utilizar todas las herramientas institucionales, jurídicas y diplomáticas disponibles para impedir que empresas extranjeras pretendan explotar ilegalmente recursos naturales argentinos en Malvinas. La ilegalidad no puede ser presentada ante los mercados como una oportunidad de inversión”, agregó Dachary.

Finalmente, cabe señalar que el Estado de Israel ha mantenido históricamente una posición de prudencia y limitada intervención respecto de la Cuestión de las Islas Malvinas, sin expresar un respaldo explícito a las partes en la disputa de soberanía. En ese marco, se confía en que sus autoridades regulatorias actuarán conforme a los principios del derecho internacional y a los estándares de transparencia y debida información al mercado.

Secretaría de Medios. Gobierno de Tierra de Fuego.