“En este contexto, insistir con un proceso de reforma constitucional no solo resulta inoportuno, sino profundamente desconectado de las necesidades reales de los fueguinos y fueguinas. No se trata de negar el debate institucional, sino de entender que hoy la urgencia está en otro lado.

La decisión adoptada por una mayoría de 11 Legisladores de no avanzar con el proceso constituye una expresión legítima de la voluntad popular y del ejercicio democrático fueguino. Desconocer ese posicionamiento o intentar relativizarlo implica desoír a la ciudadanía y forzar un camino que la sociedad no está demandando.

La provincia enfrenta problemas estructurales que no admiten dilaciones: un fuerte déficit fiscal, dificultades en el sistema de salud, conflictos en el ámbito educativo, fuerzas de seguridad con reclamos pendientes, y un contexto económico que golpea de lleno a trabajadores, jubilados y familias enteras.

Frente a este escenario, destinar recursos económicos y energía política a una reforma constitucional implica correr el eje de las prioridades. Hoy, la verdadera responsabilidad institucional es garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, sostener el empleo, recomponer ingresos y brindar certidumbre.

Lejos de fortalecer la institucionalidad, avanzar en un proceso de estas características en medio de la crisis solo contribuye a aumentar la incertidumbre y la desconfianza social.

Desde el Movimiento Popular Fueguino creemos que el camino es claro: escuchar a la gente, atender las urgencias y construir soluciones concretas. El debate constitucional no debe ser descartado, pero sí postergado hasta que la provincia recupere condiciones de estabilidad económica y social.

Gobernar es establecer prioridades. Y hoy, la prioridad es la gente”.

Prensa MPF.