La trama del radar instalado en la estancia "El Relincho" ha sumado el capítulo más determinante desde que “Agenda Malvinas” denunciara su instalación en junio de 2023. La justicia provincial resolvió fallar a favor de la Inspección General de Justicia (IGJ) de Tierra del Fuego, ordenando la disolución de la sociedad LeoLabs Argentina S.R.L.

Esta decisión judicial responde a la acción iniciada en septiembre de 2024 por la IGJ (Disposición Nº 607/2024), donde se planteaba la “imposibilidad sobreviniente de cumplir con su objeto social”. En términos llanos: si la empresa no tiene permisos nacionales ni provinciales para operar por razones de seguridad nacional, su existencia como sociedad comercial pierde toda razón de ser según la Ley Nacional de Sociedades (Nº 19.550).

De la "operación de prensa" a la realidad judicial

Es necesario hacer memoria. En septiembre de 2024, desde “Agenda Malvinas” señalaron la actitud ambivalente del Gobierno de Tierra del Fuego. En aquel entonces, desde ese medio periodístico calificaron de "operación de prensa" el anuncio oficial del pedido de disolución, dado que observaban que el Ejecutivo provincial intentaba fingir preocupación, tras haber sido cómplice necesario de la instalación del radar junto a la gestión de Alberto Fernández.

Sin embargo, lo que en 2024 era un anuncio con tintes de propaganda, hoy se ha transformado en un fallo judicial. La justicia civil y comercial ha validado que LeoLabs no puede seguir existiendo como empresa inscripta en el registro público de la provincia.

Sin empresa no hay defensa

La disolución de la sociedad tiene efectos jurídicos inmediatos:

1.- Pérdida de la Habilitación: La IGJ procederá a quitarle la inscripción registral.

2.- Indefensión Societaria: Sin una sociedad legalmente constituida, cualquier reclamo de la empresa ante el foro federal o internacional pierde sustento, ya que la "persona jurídica" ha dejado de existir en el ámbito local.

3.- Aceleración del Desarme: Este fallo complementa la reciente decisión del Superior Tribunal de Justicia de declararse competente para la demolición de las estructuras planteada por el Municipio de Tolhuin. Si no existe la empresa, no existe titular legal que pueda oponerse a la remoción del campo de antenas de la filial británica e irlandesa de LeoLabs Inc.

El fin de la impunidad de los "socios locales"

El fallo también pone bajo la lupa a los actores locales que apañaron este proyecto. No se puede olvidar que LeoLabs Argentina S.R.L. contó con Directores y Apoderados -como Pablo Bilba- vinculados directamente al poder político provincial, quienes negaron sistemáticamente la capacidad militar del radar hasta que el propio Reino Unido los dejó en evidencia al anunciar acuerdos para monitorear satélites bélicos.

¿Qué sigue ahora?

A menos que la empresa logre tocar timbre en la embajada de EE.UU., una acción directa del Gobierno nacional para frenar la medida, o una intervención federal de último minuto -algo jurídicamente complejo tras un fallo provincial firme sobre cuestiones registrales-, el Gobierno de la provincia quedará obligado a dar de baja la matrícula de LeoLabs.