Holsey se reunió con Milei y altos funcionarios en Buenos Aires y luego se trasladó a Ushuaia para inspeccionar la base naval y analizar proyectos conjuntos en materia de defensa. Entre ellos, se destacan la posible instalación de una Base Naval Integrada y la creación de un Centro Logístico con proyección antártica que tiene como telón de fondo el monitoreo de la presencia china.

El Tratado Antártico establece que la Antártida debe utilizarse exclusivamente para fines pacíficos y prohíbe toda medida de carácter militar, excepto para colaborar con investigaciones científicas. La presencia militar pone en riesgo este principio.

Pero ahora se suma otra preocupación que es la participación de una empresa privada como Mirgor, propiedad de Nicky Caputo, en actividades logísticas y de apoyo al Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) que podría interpretarse como una forma de militarización encubierta que va en contra el espíritu del tratado.

Una fuente muy cercana a la situación explicó que, "al financiar y prestar un avión al Estado para operaciones en la Antártida, asume funciones que tradicionalmente corresponden al Estado, lo que podría interpretarse como una privatización de funciones estatales", y agregó, “este tipo de acuerdos beneficia económicamente a la empresa, fortaleciendo su posición de mercado e imagen corporativa, mientras el Estado asume una posición dependiente y desdibujada".

La colaboración directa entre Mirgor y el COCOANTAR, incluyen donaciones de equipos y vehículos, y establece una relación estrecha entre la empresa y las Fuerzas Armadas. Esta relación puede generar preocupaciones sobre la influencia de intereses privados en decisiones estratégicas en la región antártica.

Fuentes diplomáticas que trabajan en el tema remarcan el rol pasivo de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) que depende de la Cancillería y es el organismo responsable de la política antártica argentina pero no tiene un rol protagónico en estos acuerdos, lo que evidencia una pérdida absoluta de autoridad.

Otro punto de discordia que se mantiene entre Cancillería y Defensa es el traspaso de bases antárticas de la DNA al COCOANTAR en lo que se condena un debilitamiento civil y concentración militar.

"Refuerza una tendencia de militarización encubierta de la Antártida, incompatible con el marco jurídico internacional.  También hay menor control y transparencia: Las Fuerzas Armadas no están sujetas al mismo control democrático y ciudadano que los organismos civiles", denuncian.

En esa línea hablan de una base jurídica ambigua dado que el traspaso se sostiene en decretos y resoluciones sin debate parlamentario ni revisión ambiental, comprometiendo su legitimidad. Esto facilita convenios con privados con una administración militar de las bases que facilita acuerdos con empresas como Mirgor sin evaluación de impacto ambiental desde la DNA.

Con este cuadro, los que se benefician son Mirgor que encontró en el reemplazo a las actividades del Estado un negocio privado, y las Fuerzas Armadas que consiguen la luz verde para avanzar militarmente sobre el control de las bases en detrimento de la conducción civil.