El conteo final arrojó 36 votos a favor y 35 en contra, cuando la mayoría requerida era de 37, más de la mitad de los miembros de la Cámara alta. Los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia, se suponía que votarían a favor y finalmente terminaron votando en contra.

El proyecto que se trató en el Congreso pretendía prohibir participar de elecciones o ser funcionarios a aquellas personas que tuvieran condenas en segunda instancia. Es por eso que los senadores de Unión por la Patria denunciaron durante la sesión que el proyecto estaba orientado en forma deliberada a proscribir una eventual candidatura de Cristina Kirchner, sobre quien pesa una condena del tribunal oral confirmada por la Cámara de Casación en la causa Vialidad.

El proyecto de ley, que contaba con media sanción de Diputados, englobaba los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal, y los delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.

Desde los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros aliados argumentaron que la ley, en caso de aprobarse, aportaría transparencia institucional. Pero el oficialismo no logró reunir el apoyo necesario. Apenas se conoció el resultado de la votación, el Presidente Javier Milei calificó de "lamentable" el rechazo del proyecto.