La disputa por la vacante en la Cámara de Diputados de la Nación, generada tras el fallecimiento del Diputado Héctor Stefani, se intensifica y sigue su curso en el ámbito judicial.

Tanto la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, como el dirigente fueguino Ricardo Garramuño, patrocinado por el Abogado Gastón Fernández Pezzano, apelaron el fallo del Juez Electoral de Tierra del Fuego, Federico Calvete. El Magistrado resolvió, la semana pasada, favorecer a la Abogada riograndense Dalila Nora como la sucesora de Stefani, al ponderar su condición de candidata titular en la lista oficializada. Si bien Calvete no priorizó la condición de género que establece la normativa, sí argumentó en favor de garantizar la paridad de género como tal, en este caso en el ámbito legislativo.

El fallo de Calvete argumentó que la candidatura titular de Nora debía primar sobre otras consideraciones, aunque la ley que regula los reemplazos en la Cámara de Diputados establece que la vacante debe ser ocupada por el siguiente en la lista oficializada del mismo sexo que el legislador fallecido.

Según la normativa, solo si no hay candidatos titulares disponibles, se debe recurrir a los suplentes de la lista. Esta interpretación ha sido el núcleo de las apelaciones presentadas por ambas partes.

De tal forma, la propia Cámara de Diputados de la Nación, a través del Apoderado Raúl Enrique Martín Garo y con el patrocinio de la Abogada Patricia Alejandra Mossello Digon, cuestionó la decisión del Juez Calvete.

Por su parte, Ricardo Garramuño, apoyado legalmente por el Abogado Fernández Pezzano, también elevó su apelación, que se sustenta básicamente en los mismos argumentos legales. Ambas presentaciones apuntan a que la interpretación del Juez Electoral de Tierra del Fuego contradice el marco normativo vigente y solicitan la revisión del fallo.

Reiterando los conceptos vertidos en la presentación del 5 de noviembre pasado, el representante legal de la Cámara de Diputados de la Nación apela a la Constitución Nacional y al criterio que denomina “zona de reserva”, argumentando que, “la norma constitucional resulta clara y no ofrece mayores esfuerzos argumentativos, para concluir que es facultad privativa de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación juzgar las elecciones y derechos de los Diputados Nacionales, lo que incluye la facultad de tomar juramento de ley a los miembros que la componen”. Es decir, acusa al Poder Judicial de atribuirse potestades que -a su entender- son privativas del Poder Legislativo.

Las dos apelaciones fueron remitidas al Juzgado Federal de Ushuaia, que a su vez deberá elevarlas a la Cámara de Apelaciones con sede en Comodoro Rivadavia. Este tribunal será el encargado de analizar los argumentos planteados y determinar la validez del fallo de primera instancia. Mientras tanto, el proceso permanece en un limbo legal que mantiene en suspenso la jura de Dalila Nora como Diputada nacional.

La resolución de este caso reviste una importancia significativa, no solo por la definición de quién ocupará la banca, sino también por los precedentes que podría sentar respecto a la aplicación de la normativa en casos similares.

La controversia pone en el centro del debate la interpretación de la Ley de Paridad de Género y la prioridad entre las condiciones de titularidad y género para reemplazar a un Legislador fallecido.

Por el momento, la Cámara Baja sigue sin completar su integración y la definición de quién ocupará la banca vacante se prorroga sin fecha clara, a la espera de una resolución judicial definitiva que aporte claridad a un conflicto que combina elementos legales, políticos y sociales.