Hasta el momento, el proceso de priorización de las expansiones en la red de alta tensión estaba a cargo del Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE), cuyo enfoque técnico se ha debilitado en los últimos años. Ante esta situación, la Secretaría de Energía de Nación ha emitido una resolución que establece una jerarquía de 15 proyectos de 500 kV en función de su nivel de prioridad. Aunque esta normativa no soluciona la falta de financiamiento, sí establece una guía que facilitará la implementación de dichas líneas en el futuro.

El sistema de procedimientos para establecer las ampliaciones del sistema de transporte eléctrico ha sido uno de los principales obstáculos durante los últimos 20 años para la realización de nuevas inversiones en la red de alta tensión. Según el marco regulatorio vigente, la aprobación de la construcción de líneas de 500 y 132 kilovoltios (kV) corresponde al Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE), un órgano de decisión que, con el tiempo, ha ido perdiendo su enfoque técnico y ha sido influenciado por intereses políticos. En la actualidad, está controlado por los Gobernadores, quienes tienen poca disposición para buscar consensos sobre las obras de mayor urgencia para el sistema. Cada provincia lucha por su propia agenda, impulsando proyectos en su territorio, lo que debilita la perspectiva de planificación a nivel nacional. Durante los primeros dos gobiernos kirchneristas, se promovió la construcción de líneas de 500 kV en la Patagonia sin que fueran prioritarias para el conjunto de la red.

Para poner fin a esta parálisis virtual del CFEE y su comité de administración (CAF), la Secretaría de Energía tomó medidas contundentes el pasado lunes a través de la resolución 507/23, firmada por Flavia Royón, titular de la cartera. Esta resolución establece un plan de expansión del sistema de transmisión que incluye 15 obras agrupadas en 5 bloques, jerarquizados según su prioridad técnica. En este sentido, el proyecto AMBA I ha sido incluido dentro del conjunto de prioridad 1, ya que es fundamental para fortalecer el suministro eléctrico en el área metropolitana de Buenos Aires y evitar apagones de tensión que han comenzado a afectar la demanda más alta del país durante este verano. Además, se ha añadido a este grupo la construcción de la línea de 500 kV Vivoratá-Plomer y el complejo Puerto Madryn-Choele Choel-Bahía Blanca.

Sin antecedentes

Por primera vez en más de 20 años, el Estado nacional ha establecido una lista prioritaria de obras para el sistema eléctrico. En concreto, la lista publicada en el Anexo 1 de la resolución 507/23 sigue la planificación realizada por expertos del sector, incluyendo tanto a Cammesa como a Transener, la empresa responsable de operar las líneas de alta tensión.

Es cierto que esta normativa no aborda el tema del financiamiento de las obras, que junto con la burocratización del CFEE, representa un gran obstáculo que dificulta la realización de proyectos en la red de transporte. Sin embargo, al menos se especifica de manera clara qué proyectos son necesarios para el sistema. Esto es un paso positivo de cara al cambio de gobierno, ya que la nueva administración que asuma el 10 de diciembre contará con esta discusión resuelta y evitará tener que negociar con el ámbito político para desbloquear la ejecución de las obras en caso de obtener crédito para llevarlas a cabo.

Interconectado Fueguino

Cabe destacar que la resolución emitida por la Secretaría de Energía, también cuenta, en el plan de expansión presentado, la Interconexión física con la Isla Grande de Tierra del Fuego, cumpliendo así el objetivo planteado por el representante frente al CFEE de la administración Melella, el ex Secretario de Energía, Moisés Solorza.

Recordemos que al inicio de la gestión Melella, la provincia más austral de la república Argentina, había logrado incorporarse de forma “Virtual” al Sistema Argentino de Interconexion SADI, saneando las cuentas del MEMSTDF en más de 3.200 millones de pesos.