El Gobierno nacional oficializó este lunes la quita de los aranceles para la importación de productos informáticos que había anunciado el año pasado. Si bien el grueso de la medida entrará en vigencia el 31 de marzo ya generó rechazo entre los empresarios y sindicatos locales.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, quedó en el ojo de la tormenta y emitió un comunicado para aclarar el panorama.

Lejos de despejar las dudas, el funcionario sumó nubarrones en el horizonte del proyecto ya que adelantó que "no le vamos a soltar la mano a ningún trabajador” y que se inició un “proceso para que todos sean incorporados por empresas con proyectos de crecimiento sustentables". Así, dejó en claro que el sector sufrirá ciertas turbulencias cuando se ejecute el decreto 117/2017, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

De acuerdo a la resolución, la medida "redundará en la disminución de los costos de fabricación de diversos aparatos y equipos electrónicos, mejorando las condiciones de competitividad y productividad, y contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local". Se descuenta que para el Gobierno esto traerá aparejado una disminución en los precios.

Básicamente, se eliminará el arancel del 12% para la importación de componentes para fabricar computadoras, que comenzará a regir desde mañana, y el del 35% para el ingreso de notebooks, tablets y computadoras, que entrará en vigencia el 1º de abril.

"Las familias, las PyMEs y los emprendedores necesitan computadoras para estudiar, crecer y desarrollarse y el Estado tiene que estar presente para garantizar el acceso a la tecnología y crear más empleo, que es el objetivo central para ir hacia (el objetivo del Gobierno de) pobreza cero", afirmó Cabrera en el comunicado.

El funcionario sostuvo que "en esta transición no le vamos a soltar la mano a ningún trabajador, por eso, con el Ministerio de Trabajo, ya iniciamos el proceso para que todos sean incorporados por empresas con proyectos de crecimiento sustentables".

"Los vamos a acompañar en ese camino con capacitación y herramientas concretas que benefician a los proyectos de inversión que incorporen a estos trabajadores. Estamos ayudando a crear empleos con futuro a través del Programa de Transformación Productiva", agregó el ministro cuya credibilidad quedó dañada luego del programa Precios Transparentes que no logró (hasta el momento) las rebajas y el estímulo al consumo esperados.

La medida fue anunciada el año pasado por el Gobierno con el objetivo de reducir el precio de esos productos en el mercado interno, dada la diferencia con respecto a otros países.

La decisión causó malestar entre los empresarios y sindicatos del sector, que desde hace algunos meses vienen denunciando una baja pronunciada en las ventas y la pérdida de puestos de trabajo.

"El anuncio de apertura de importaciones y el hecho de que las computadoras van a costar un 35% menos, nos mató. Hace más de tres meses que la planta de Banghó no produce. Actualmente no hay un sólo producto en Argentina que pueda competir con lo que llega de China", dijo Emiliano Gallo, secretario general de la seccional de Vicente López de la UOM.

La modificación de las alícuotas correspondientes al derecho de importación extrazona fue firmada por el presidente Mauricio Macri,  el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Hacienda, Nicolas Dujovne.

Cambio de era

La flexibilización de las importaciones que impulsa el macrismo y la decisión de eliminar el arancel del 35% para el ingreso de portátiles, que comenzará a regir en marzo, está marcando un cambio de era: las computadoras con sello nacional no paran de perder market share.

La "gesta" soñada por el kirchnerismo se había potenciado en 2011, cuando ya estaba funcionando a pleno el régimen de promoción de Tierra del  Fuego y las plantas instaladas en el sur se encontraron con interesantes beneficios impositivos y fiscales y un mercado cada vez más cerrado a la competencia importada.

Por esos años, las empresas nacionales –tanto las ubicadas en el polo fueguino como las emplazadas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba- vivieron su momento de auge, cuando llegaron a captar el 75% del mercado de computadoras.

Para algunos, se trató de una experiencia positiva de industrialización, que requería de más tiempo para que vayan incorporando más contenido local genuino, tanto a nivel hardware como en software.

Como contrapartida, para las voces críticas, se trató de un plan con consecuencias negativas, especialmente para los consumidores, que debieron conformarse con tecnología cada vez más obsoleta y cara.

Estos últimos fueron los argumentos en los que se basó el Ministerio de Producción, comandado por Francisco Cabrera, para incentivar la llegada de equipos importados y desalentar la producción nacional, que –a entender de los funcionarios- sólo puede competir en un mercado restringido.

Estas son, precisamente, las razones por las cuales se decidió que las portátiles importadas dejen de enfrentar el arancel del 35% que todavía pesa sobre estos equipos.

El problema fue que, apenas se anunció el plan “computadoras baratas”, tanto en Tierra del Fuego como en el resto del país comenzaron a desactivarse líneas de ensamblado, sabiendo de las imposibilidades que tenían de competir en un negocio completamente liberado.

Las portátiles nacionales, en retirada

Según se desprende del último informe realizado por la Cámara Argentina de Máquinas de Oficinas Comerciales y Afines (CAMOCA), que nuclea a firmas que operan por fuera del polo fueguino, la participación de las computadoras producidas en el país no ha parado de perder terreno en los últimos meses.

De acuerdo con las estadísticas de la entidad, en 2016, las portátiles con sello “Made in Argentina” –incluyendo notebooks, netbooks y tablets- sumaron 1,6 millón de unidades, lo que representó un desplome del 33% frente a los casi 2,5 millones de equipos que se habían alcanzado en 2015.

Además, esta cifra equivalió al 50% de las computadoras producidas en un año récord, como fue el 2011, cuando se superó la marca de las 3,3 millones de unidades.

En este derrumbe de las empresas nacionales contribuyó mucho la desactivación de las líneas de Tierra del Fuego, principalmente la de BGH, que suspendió a 160 trabajadores al considerar que no iba a poder competir con las nuevas reglas de juego que propuso el Gobierno.

Así, la producción en la isla -que en 2013 llegó a generar 1,3 millón de equipos-, en 2016 prácticamente se extinguió: según CAMOCA, se ensamblaron menos de 300.000 unidades.

Como contrapartida, de la mano de la flexibilización aduanera propuesta por el macrismo y la aprobación “en masa” de las miles de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) que había heredado del kirchnerismo y que estuvieron vigentes durante todo el primer semestre, el ingreso de portátiles marcó un récord de 2,6 millones de unidades.

Estas dos variables contrapuestas (bajón de la producción nacional y boom importador) terminó generando que las computadoras del exterior, principalmente de origen chino, hoy ostenten un market share del 61%, el mayor registro en más de una década.