Se cierra cada vez más el cerco sobre el rulo importador. La Justicia Federal de Tierra del Fuego pidió a los Estados Unidos que brinde información sobre una firma radicada en ese país que se utilizó para triangular una operación fraudulenta. El caso lo denunció el 21 de julio la Aduana, cuando detectó que la empresa KMG Fueguina S.A, que había declarado una compra de más 1,7 millones en artículos electrónicos, pero había traído en realidad al país “basura tecnológica”: material que carecía de circuitos y hasta cajas vacías. Fuentes judiciales adelantaron también que se dispuso la prohibición de salida de la provincia y del país de los implicados.

Se concretó el primer paso en el plan del Ministro de Economía, Sergio Massa, para involucrar a los Estados Unidos en la investigación de las importaciones irregulares. En este caso, el avance vino por el lado del Poder Judicial de Tierra del Fuego que confirmó un exhorto diplomático a los Estados Unidos “para que por su intermedio se requiera a las autoridades competentes del Estado de Delaware información respecto de la existencia y radicación de la empresa JK IMAGING LIMITED”.

Los datos que se solicitan son la fecha de creación, la conformación societaria, el objeto social, la designación, la aceptación de cargos y las actividades a las que se encuentra habilitadas para operar, entre otros. En ese mismo sentido, se dictaron medidas complementarias, como el secuestro de la mercadería, la realización de peritajes técnicos, el bloqueo del CUIT de la empresa en cuestión y la prohibición de salida de la provincia y del país de los implicados.

La triangulación fraudulenta es una operación que se utiliza para hacer un negocio de brecha cambiaria. Una empresa Argentina importa mercadería sobrefacturada haciéndola facturar antes por una firma fantasma radicada en un tercer país. La diferencia entre el precio real de la mercadería y el que se declara, son dólares que se obtienen al tipo de cambio oficial y por los que se puede tener enormes ganancias liquidándolos en los mercados paralelos. En este caso en particular, unos u$s1,5 millones que podrían representar fácilmente una ganancia ilícita de más de $300 millones.

Fuentes de la Aduana aclararon, “muchas operaciones de comercio exterior se hacen mediante triangulación, es habitual y lícito. El problema aparece cuando hay casos de sobrefacturación o subfacturación”. En ese sentido, señalaron que hay un listado de más de 13.000 operaciones realizadas por unas 722 empresas que serán auditadas.

La semana pasada, Massa anunció la apertura de un registro para que en los próximos 60 días, las empresas que hayan cometido un “error”, ratifiquen sus posiciones frente a la Aduana. Pasado ese plazo, anticipó, “vamos a hacer las denuncias pertinentes en la Justicia local y en la Unidad Antilavado de Estados Unidos ya que se usaron bancos de ese país”.

El caso de Tierra del Fuego es el primero que va en esa línea, pero probablemente no el único. La maniobra ilícita que fue denunciada por la Aduana ante la justicia el pasado 21 de julio, consistía en importar supuesto material tecnológico al Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, pero que en realidad se trataba de simples cajas vacías o “basura tecnológica”, carcasas y algunos elementos como coolers, para simular que se estaba enviando un verdadero producto.

El Ministro de Economía también dispuso la puesta en marcha de un sistema de trazabilidad para el comercio exterior. El objetivo es tener mayor control y transparencia en el uso de divisas para importaciones. “Hemos detectado situaciones de abuso por parte de empresas mediante mecanismos de triangulación, con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Así se apropiaban de los dólares que las pequeñas y medianas empresas piden para máquinas”, dijo en su conferencia inaugural.