Luego de la reunión, Mónica Acosta hizo un resumen de lo abordado indicando que, “contamos en esta oportunidad con la presencia de la Directora General de Tierras Fiscales, Daniela Salinas y parte de su equipo técnico, personal de planta permanente, quienes trabajaron los expedientes de los cuatro particulares con una preexistencia en el territorio, algunos con más años que otros, y con distintas problemáticas”, y agregó, “el derecho a poder acceder a la ley, viene a regularizar no solamente el tema de las ocupaciones, sino poder establecer el área protegida, y las actividades productivamente hablando. No podemos quedarnos solamente con lo que declara a veces el dueño de una empresa, sino también a la posibilidad de cruzar datos con la Subsecretaría de Ganadería, cómo serían los planes de manejo, una vez sancionada la ley, cuáles serían los procedimientos para que no surja ningún tipo de antagonismo relacionado a la actividad”.

“Por otro lado, necesitamos conocer las pretensiones de estos ocupantes en virtud de lo que ellos entienden que es su territorio, el que han habitado muchísimos años familiarmente y saber hasta dónde jurídicamente corresponde o no, pero es una negociación en paralelo con la Legislatura, que tiene que establecerse entre el Poder Ejecutivo y estos particulares”, continuó Mónica Acosta.

Respecto a la postura de la Cámara remarcó que, “nosotros tenemos que sancionar la mejor ley, que resguarde el interés de los ocupantes, de sus actividades, pero esencialmente el interés de la comunidad de las tres ciudades, que van a ser en este caso los verdaderos benefactores de la sanción de una ley que busca entre otras cosas proteger prácticamente el 95% de los turbales que existen en toda la Argentina”.

En la misma línea ponderó la ubicación del área, la que calificó como una zona geopolítica estratégica para el mundo, “la presencia del Estado es fundamental”, sostuvo.

Confirmó que solicitaron formalmente a Tierras Fiscales, “nos gire los expedientes tramitados por parte de los particulares, para conocer las posesiones legales que ellos tienen y cuántas son las que pretenden adquirir; también cursamos nota sobre los permisos de pesca en la zona, como así también de ganadería que estén vigentes”.

Por último, la Parlamentaria adelantó que, “nosotros entendemos que en cuanto a la participación de actores involucrados, hemos concluido con el circuito; a partir de acá, lo que queda es el trabajo exhaustivo por parte de los Legisladores, los equipos técnicos y la información que tendrá que remitir el Poder Ejecutivo para poder de alguna manera llegar a la redacción de un texto definitivo, que sea el más beneficioso para todos los habitantes de nuestra provincia”, concluyó la Legisladora Mónica Acosta.

Del encuentro participaron las Legisladoras María Victoria Vuoto y María Laura Colazo (PV); Myriam Martínez y Andrea Freites (FdT-PJ); Liliana Martínez Allende (UCR); y los Legisladores Ricardo Furlan (JP); Federico Greve, Daniel Rivarola y Emmanuel Trentino (FORJA). En representación del Ejecutivo provincial, lo hizo la Secretaria de Ambiente Eugenia Álvarez; la Directora General de Tierras Fiscales, Daniela Salinas y sus equipos técnicos. Por parte de los ocupantes de la zona, representantes de las familias Ivandic, Bilbao, Preto y Vargas.

Dirección de Prensa y Difusión Institucional. Legislatura de Tierra del Fuego.