Con la ola importadora, el avance del comercio ilícito y el contrabando pareciera haber alcanzado un punto crítico en 2026, una problemática que lleva destruidos más de 10.000 puestos de trabajo.

Además de debilitar los ingresos tributarios por la falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos, el fenómeno golpea directamente al mercado laboral registrado. Según datos de la consultora MAP a los que accedió este medio, la destrucción de empleo en los sectores productivos afectados asciende a casi 12.000 puestos de trabajo formales.

Contrabando en Argentina: cuáles son los sectores más vulnerables y los métodos de evasión

El informe analizó la problemática en 15 sectores productivos expuestos tanto al contrabando directo como a la subfacturación. Entre los rubros con mayor nivel de afectación destacan: Perfumes árabes, Celulares (uno de los rubros con mayor volumen de fuga de divisas), Juguetes, Marroquinería, Textiles e indumentaria, Televisores y pequeños electrodomésticos, Calzado (no deportivo y deportivo), Línea blanca, Insumos agrícolas (agroquímicos), Alimentos y bebidas (yerba mate y bebidas espirituosas), Cigarrillos y tabaco (históricamente uno de los sectores con mayor pérdida de recaudación), Neumáticos

Qué pierde el Estado por el avance del contrabando

Para tomar dimensión, la erosión de ingresos provocada por esta competencia desleal representa una masa de recursos que permitiría financiar la construcción de 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales. En términos de la estructura tributaria del país, la fuga de fondos equivale a cerca del 45% de lo recaudado por retenciones a las exportaciones o al 25% del impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque).

El Director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la CAME, Fabián Hryniewicz, advirtió que según las estimaciones que maneja la entidad a través de las distintas vías del contrabando, la informalidad alcanza hoy a más del 50% del mercado. El directivo explicó que, al ponderar rubros como telefonía celular, otros productos electrónicos e "incluso categorías sensibles como los medicamentos", se llega con facilidad a esa cifra.

Hryniewicz precisó que un 45% se explica a través del contrabando tradicional y las ventas en el mercado negro sin emisión de facturas ni declaración. En ese sentido, puntualizó que se trata de mercadería que "ingresa en contenedores de importaciones legales pero que se introduce como carga no declarada, lo que constituye lisa y llanamente contrabando".

Celulares, caso testigo de la venta ilegal

Uno de los casos más relevantes es que el contrabando de celulares ganó terreno hasta representar cerca del 35% de las ventas anuales, según estimaciones sectoriales. Esto significa que aproximadamente uno de cada tres equipos comercializados ingresa por fuera del circuito formal. El negocio se sostiene sobre una combinación de precios más bajos, demanda de los consumidores, rutas de ingreso desde países vecinos y una cadena de distribución que alcanza a comercios y plataformas digitales.

El circuito comienza principalmente con la adquisición de los equipos en Paraguay. Desde allí, la mercadería ingresa a la Argentina por pasos no autorizados y luego es trasladada por distintas rutas hacia los grandes centros urbanos.

Una de las principales vías de ingreso se encuentra en el noreste argentino, particularmente en la zona de la Triple Frontera. Desde Misiones, los celulares son transportados hacia otras provincias y posteriormente distribuidos en ciudades con una fuerte actividad comercial, entre ellas Rosario y distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Las fronteras norte y este son permeables y a través de Paraguay y Uruguay (por Gualeguaychú). Los celulares pasan en vehículos sin control aduanero ni de las fuerzas de seguridad y circulan miles de kilómetros a través de las provincias de Corrientes y Entre Ríos sin que las autoridades dispongan de ningún control.

La operatoria incluye cruces fluviales y terrestres, además de diferentes métodos para ocultar la mercadería, como vehículos con compartimentos especiales, personas que trasladan equipos entre su ropa y camiones con dobles fondos. La escala permite que el negocio no quede limitado a las ciudades fronterizas. Una vez que los equipos ingresan al país, se incorporan a una red de distribución que los lleva hacia distintos mercados provinciales.

La diferencia de precios, una de las claves

Uno de los principales motores del mercado ilegal es la diferencia entre el precio de los equipos comercializados por canales formales y aquellos ofrecidos en el circuito informal. La brecha se ubica entre el 30% y el 35%, aunque puede llegar al 40% en determinados modelos de alta gama.

La Directora Ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), Ana Vainman, enfatizó que, “el sector de la electrónica sufre el contrabando de primera persona", y remarcó que, “también se detecta un alto grado de subfacturación en otros productos como "televisores y aires acondicionados".

El fenómeno se profundizó después de los cambios en el esquema de importaciones y la persistencia de diferencias de precios entre Argentina y otros mercados. Desde enero de 2026, además, los celulares importados tienen arancel de importación cero, una medida que el Gobierno presentó como una herramienta para ampliar la oferta y reducir los precios.

Desde el sector productor señalaron que las plataformas de comercio electrónico no consideran que sea responsabilidad propia verificar la facturación formal de cada producto publicado y advirtieron sobre la ausencia de un sistema integrado entre autoridades y operadores para controlar los códigos de identidad de los equipos.

Cuánto dinero mueve el contrabando de celulares

La magnitud económica del fenómeno permite dimensionar por qué se convirtió en un negocio relevante. Sobre un mercado anual estimado en 9,2 millones de unidades, más de 3,2 millones de celulares se comercializan por canales irregulares. Durante 2025, ese circuito habría movilizado alrededor de U$S 1.858 millones, frente a U$S 2.311 millones correspondientes al mercado formal.

La consecuencia alcanza tanto a las empresas que operan dentro del circuito formal como a las cuentas públicas. Se estima una pérdida de recaudación de aproximadamente U$S 410 millones solo por el negocio de los celulares.