El requerimiento de instrucción fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo, donde tramita la causa CFP 4492/2026. Allí, la fiscalía propuso una serie de medidas destinadas a establecer si existieron conductas alcanzadas por la Ley 26.659, que sanciona las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la Plataforma Continental Argentina sin la correspondiente habilitación nacional.

En su dictamen, Stornelli delimitó de manera expresa el objeto del expediente: “Conforme la denuncia formulada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Lic. Pablo Quirno Magrane, constituirá el objeto procesal de autos establecer la posible existencia de actividades hidrocarburíferas de exploración y/o explotación en la Plataforma Continental Argentina, concretamente en áreas próximas a las Islas Malvinas, por parte de la empresa ‘Desire Petroleum Limited’ -antes, ‘Desire Petrolium Públic Limited Company’-, sin contar con la autorización de la autoridad competente de la República Argentina, ello al menos a partir del año 2012”.

La presentación de Cancillería se apoya en antecedentes que se remontan a más de una década. En mayo de 2012, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 130, que declaró ilegales las actividades atribuidas a la compañía en la plataforma continental y la consideró clandestina por operar sin permiso argentino. Un año después, mediante la Resolución 457/2013, la firma fue inhabilitada durante 20 años para desarrollar actividades en el país por utilizar, según ese acto administrativo, una licencia otorgada por autoridades británicas establecidas en las islas.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia reproducida por la fiscalía, pese a esos antecedentes y a posteriores modificaciones en su estructura societaria, Desire Petroleum continuaría vinculada con licencias hidrocarburíferas correspondientes a distintas áreas de exploración y explotación en la zona. A marzo de este año figuraría con una participación del 32% en las licencias PL003a y PL003b; del 30% en PL004a, PL004b y PL004c; y del 35% en PL005. El documento también menciona su relación con sociedades pertenecientes al Grupo Rockhopper.

La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, prohíbe realizar o facilitar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional. La norma contempla responsabilidades para personas humanas y jurídicas y establece penas de prisión de entre 5 y 15 años, según se trate de maniobras de exploración o extracción.

A partir de ese marco, Stornelli no limitó la pesquisa a una única hipótesis delictiva. En el requerimiento señaló: “Las conductas denunciadas podrían resultar constitutivas, prima facie, de los delitos reprimidos y contemplados en el artículo 7, incs. 1 y 2 y bajo las circunstancias contempladas en los arts. 8 y 9, de la Ley 26.659, sin perjuicio de toda otra calificación legal que pudiera determinarse de la instrucción sumarial, sin descartarse en esta instancia, tal como así lo sugiere el funcionario denunciante y conforme el devenir del proceso, la eventual configuración de otros tipos penales tales como delitos contra el medio ambiente (Ley 24.051), posibles infracciones aduaneras como así el posible lavado de activos procedentes de las actividades denunciadas, entre otros probables”.

El caso, además, se inscribe en una serie de medidas anunciadas por el Presidente Javier Milei en una cadena nacional emitida al 3 de septiembre, centrada en la cuestión Malvinas y en las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la zona. En ese mensaje, el Mandatario anticipó acciones diplomáticas, económicas, judiciales y legales y puso el foco, entre otros proyectos, en Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Como parte de esa estrategia, el Gobierno avanzó con el fortalecimiento del esquema sancionatorio previsto por la Ley 26.659 y con la centralización de actuaciones en la Cancillería. En ese contexto se dictó el Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, que designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación y estableció un procedimiento específico para tramitar eventuales infracciones.

En cuanto a las medidas de prueba, la fiscalía reclamó a la Secretaría de Energía los expedientes completos que dieron origen a las resoluciones de 2012 y 2013, además de documentación sobre la constitución, objeto, modificaciones estatutarias, composición accionaria y autoridades actuales y anteriores de Desire Petroleum. También solicitó informes que permitan reconstruir los actos concretos atribuidos a la empresa, con sus circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Por otra parte, requirió a la Jefatura de Gabinete que informe si existen denuncias, expedientes u otras actuaciones por posibles actividades peligrosas para el medio ambiente atribuidas a la petrolera desde 2012. Al Ministerio de Seguridad le encomendó verificar si alguna de las fuerzas bajo su órbita registró actuaciones vinculadas con exploración, explotación u otras tareas hidrocarburíferas en zonas próximas a las islas y, en caso afirmativo, individualizar eventuales intervenciones judiciales.

La fiscalía procuró, además, determinar si existen antecedentes vinculados con la compañía en la Procuración del Tesoro de la Nación y en la Procuración General de la Nación.

Uno de los puntos centrales del requerimiento apunta al exterior. El Fiscal Stornelli solicitó librar un exhorto al Reino Unido mediante los mecanismos de cooperación penal internacional para obtener información societaria completa de Desire Petroleum, identificar a sus directivos y representantes legales desde 2012 y reunir documentación sobre las licencias concedidas para operar en la zona. La medida alcanza también al Grupo Rockhopper. En una etapa posterior, planteó recabar información bancaria vinculada con la explotación comercial y con las personas físicas que hubieran actuado en nombre o beneficio de las sociedades investigadas.

Finalmente, el representante del Ministerio Público pidió consultar otra causa penal iniciada a partir de una denuncia presentada el 7 de septiembre, que tramita ante el Juzgado Federal N° 12 y que, según informó Cancillería, guarda relación con el caso Desire Petroleum. La finalidad es establecer si ese expediente contiene información o pruebas útiles para esta pesquisa.