La iniciativa solicita conocer si el Gobierno nacional realizó protestas diplomáticas ante el Reino Unido, presentó reclamos ante organismos internacionales, o inició acciones contra las empresas involucradas en la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina.

“La explotación de recursos naturales en una zona cuya soberanía continúa en disputa no puede ser considerada una simple operación comercial. Estamos hablando de recursos estratégicos que pertenecen al pueblo argentino”, señaló Araujo.

El proyecto también consulta si existieron gestiones ante el Estado de Israel por la participación de Navitas Petroleum y si se coordinaron acciones entre la Cancillería, la Secretaría de Energía, el Ministerio de Defensa, la Prefectura Naval Argentina y otros organismos competentes.

Un nuevo escenario en el Atlántico Sur

Araujo advirtió que Sea Lion se encuentra en una instancia decisiva, con inversiones comprometidas, infraestructura planificada, y perspectivas concretas de producción comercial.

“El avance de este proyecto puede generar consecuencias económicas, ambientales y geopolíticas de difícil reversión, además de fortalecer la administración británica ilegítima sobre las islas”, afirmó.

El Parlamentario nacional remarcó que la defensa de Malvinas comprende también la protección de los recursos naturales, los espacios marítimos y el ambiente del Atlántico Sur.

Pedido de respuestas al Gobierno

Finalmente, Araujo destacó que corresponde al Congreso controlar las acciones del Poder Ejecutivo y conocer qué estrategia está llevando adelante el país frente al avance del proyecto.

“El Gobierno debe explicar qué hizo, qué está haciendo y qué medidas piensa adoptar. Defender Malvinas también significa impedir el aprovechamiento extranjero de nuestros recursos naturales”, concluyó.

Prensa Diputado nacional Jorge Araujo