* El Riesgo de Pérdida de la Ampliación

El proyecto de ley propuesto por el Gobierno nacional busca derogar los artículos centrales de la Ley 27.637, sancionada en 2021, que extendió los beneficios de tarifas diferenciales de gas a diversas provincias del centro y norte del país.

- Restricción Geográfica: La medida pretende volver al esquema original, manteniendo el beneficio pleno (descuento del 50%) únicamente para la Patagonia, el departamento de Malargüe (Mendoza) y la Puna, lo que supone un paso para la eliminación total del subsidio en una etapa posterior.

- Eliminación del Beneficio Generalizado: Para las zonas incorporadas en 2021 -que incluyen gran parte de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, entre otras- el subsidio dejaría de ser automático para todos los usuarios residenciales.

- Justificación Gubernamental: El Ejecutivo argumenta que la ampliación desnaturalizó el sistema al incluir zonas sin severidad climática extrema, lo que generó un déficit en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas que el Tesoro Nacional ya no puede cubrir.

* Magnitud de la Afectación

La aprobación de esta ley tendría un impacto masivo en la estructura de gastos de los hogares argentinos:

- Población en Riesgo: La ampliación de 2021 llevó el universo de beneficiarios de 950.000 a aproximadamente 4 millones de hogares, lo que representa casi la mitad de los usuarios residenciales de gas por red en el país.

- Pérdida de Descuentos: Estos usuarios actualmente perciben bonificaciones de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas. De aprobarse la ley, la gran mayoría perdería este beneficio de forma inmediata, salvo aquellos que logren calificar en el nuevo esquema de vulnerabilidad.

- Impacto en la Clase Media: El nuevo filtro socioeconómico basado en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) -que exige ingresos inferiores a 3 Canastas Básicas Totales- dejaría fuera a amplios sectores de la clase media que residen en estas zonas.

* Consecuencias Socioeconómicas Concretas

Este informe destaca tres áreas críticas de afectación:

- Aumento en el Costo de Vida: La quita del subsidio se suma a aumentos previstos en el precio del gas, lo que podría generar tarifas impagables en un contexto de recesión y alta pobreza.

- Vulnerabilidad Estructural: Sectores como jubilados, beneficiarios de asignaciones sociales y trabajadores de ingresos medios-bajos en provincias como Buenos Aires y Córdoba verán comprometida su capacidad de subsistencia ante el incremento de los costos de calefacción en invierno.

- Impacto en PyMEs: Aunque el régimen de zona fría se enfoca en residenciales, la liberalización energética general que acompaña esta ley ya ha mostrado aumentos de hasta el 160% en facturas de comercios y PyMEs en provincias como La Pampa, poniendo en riesgo la sostenibilidad de puestos de trabajo.

* Argumentos de la Oposición y Actores Regionales

Frente a este riesgo, diversos actores han manifestado su rechazo:

- Equidad Bioclimática: Legisladores y sectores técnicos argumentan que el frío es una condición geográfica objetiva y no un privilegio populista, señalando que regiones como la Costa Atlántica o el interior bonaerense enfrentan humedad y vientos que obligan a un consumo energético superior.

- nconsistencia del SEF: Se critica que el límite de 3 Canastas Básicas para el SEF no contempla el mayor costo de vida regional (especialmente en el sur) ni las necesidades específicas de calefacción donde no hay gas natural y se depende de electricidad o GLP.

- Acción Judicial e Institucional: Intendentes patagónicos y bonaerenses han advertido que iniciarán acciones políticas y judiciales para impedir lo que consideran un avasallamiento de los derechos elementales de sus comunidades.