Además, crecen las protestas internas frente a reordenamientos que son leídos como políticas de vaciamiento de áreas clave y que ponen aún más en riesgo la correcta prestación de los servicios. Mientras, las farmacias alertan por un latente colapso en la provisión de medicamentos de no regularizarse los pagos.

Todo eso, a la vez que proliferan las denuncias y sospechas de negociados a partir de licitaciones en las que son beneficiadas compañías comandadas por empresarios vinculados a la cúpula del poder libertario.

El detonante de la medida de fuerza de los médicos fue la resolución 1107 del PAMI, que estableció la eliminación de la consulta presencial como fuente de ingreso, la incorporación de más prestaciones dentro de un pago fijo y la quita del incentivo económico por la formación de posgrado de los médicos de cabecera.

Los profesionales de la salud denunciaron que esos cambios fueron "inconsultos" y que representan un recorte sustancial de los ingresos de los médicos de cabecera que en algunos casos es superior al 50%.

"Nos quieren pagar 2.100 pesos por paciente y por mes, no por consulta", denunciaron en Asociación de Profesionales de la Salud del Pami, Appamia. Así, un médico con 400 pacientes que percibía alrededor de $1.600.000, pasaría a cobrar menos de $850 mil.

Semejante recorte es un golpe directo a la calidad de la prestación que ya viene fuertemente resentida. "Más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico, afecta de manera directa la sostenibilidad del consultorio", advierten en Appamia.

Al reclamar la derogación inmediata de la polémica resolución, sostienen que la medida "implica una reducción significativa del ingreso real de los profesionales, tornando inviable el sostenimiento de la actividad en condiciones dignas". Así, la agremiación médica está evaluando iniciar acciones legales contra la resolución.

En Appamia presentaron una propuesta concreta, basada en los costos reales del ejercicio profesional, que establece una cápita de $6.500 como piso necesario para sostener la atención médica.

Por otro lado, días atrás los trabajadores de la Gerencia de Auditoria Prestacional (GAP) de la sede central de PAMI hicieron un ruidazo contra lo que denuncian como un "desguace" de esta área, lo que pone en riesgo el control a infraestructuras edilicias y sanitarias de la obra social.

El malestar de los empleados de esa Gerencia quedó expuesto en los cánticos que se viralizaron en redes y en los que reclaman a las autoridades "que se vayan".