Los niveles de inversión en esta actividad cayeron abruptamente en 2016 y nunca se recuperaron, y -de aprobarse este presupuesto- el año próximo contaría con apenas 48 millones de pesos, lo que implica una reducción del 91,53% respecto de los recursos vigentes para el año en curso (de los cuales, hasta la fecha, solo se ejecutó un 30,75%).

De acuerdo a la información contenida en las planillas del proyecto de presupuesto presentado, la Actividad “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” incluye acciones fundamentales como la capacitación y cooperación técnica con equipos de salud y autoridades locales, la actualización de prestaciones desde el paradigma comunitario y de desinstitucionalización, la implementación de intervenciones comunitarias para grupos de riesgo, el seguimiento de la adecuación de instituciones monovalentes y la promoción de externaciones sustentables. También contempla el fortalecimiento de la red de dispositivos intermedios (casas de medio camino, viviendas asistidas, centros de día, entre otros), la realización de internaciones en hospitales generales, el abordaje integral de consumos problemáticos, el impulso a estrategias de inclusión social, la producción de investigaciones, registros y protocolos en salud mental y adicciones, la cooperación para el abordaje de las problemáticas de niños, niñas, adolescentes y la articulación para garantizar la atención a víctimas de trata.

Cabe destacar, que también hay gasto en salud mental por fuera del Ministerio de Salud. En particular, las entidades con fondos destinados a esta finalidad son: SEDRONAR, que concentra un 53,6% de la inversión total y cuyos recursos proyectados aumentan un 8,53% respecto del presupuesto vigente para 2025; el Hospital Ramón Carrillo (ex Colonia Montes de Oca), que concentra un 30,9% de los fondos y aumenta un 3,91%; y el Hospital Laura Bonaparte, que representa un 15,5% del total y cuyo presupuesto se incrementa en un 1,24% para 2026. Más allá de que estas variaciones no son significativas, la asignación de recursos a estos organismos es más compleja de evaluar, dado que incluyen gasto que no se orienta a cumplir la ley.

Resulta relevante señalar también que, un año más, se incumple con la pauta presupuestaria de la Ley 26.657, cuyo artículo 32 obliga a destinar el 10% del gasto total en salud a este campo. Para el próximo año, la inversión prevista llegará apenas al 1,42%.

El Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación de la Ley 26.657, tiene el deber de promover la inversión en salud mental en todo el país, reducir las desigualdades en el acceso a la atención y fortalecer la red de servicios comunitarios. Sin embargo, a 15 años de su sanción, el proyecto de presupuesto 2026 profundiza el desfinanciamiento de un programa esencial para avanzar en la plena implementación de la norma, desconociendo abiertamente las obligaciones asumidas por el Estado a nivel internacional y las múltiples exhortaciones que los organismos especializados en salud y derechos humanos han hecho a nuestro país.

En este contexto, solicitamos al Congreso que revierta este recorte y garantice partidas presupuestarias suficientes y adecuadas que permitan implementar políticas de prevención y atención integral de la salud mental con enfoque comunitario en todas las provincias. Las personas usuarias de los servicios de salud mental tienen, como cualquier otra, el derecho a no vivir en el aislamiento.

Prensa Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).