Denuncia penal contra la Cooperativa Eléctrica
En el Juzgado Federal de Río Grande se radicó una denuncia penal contra tres integrantes de la administración de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande: Santiago Barrientos, Segundo Santana, y Ezequiel Proc. La Abogada Adriana Varisco, quien representa al denunciante, acusó al Veedor designado por el INAES porque supuestamente no controló fehacientemente en la auditoría que hizo.
El INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), es la entidad encargada de aplicar las leyes de cooperativas y mutuales, y tiene la responsabilidad de fomentar y fiscalizar estas organizaciones.
La Doctora Varisco señaló que, “la denuncia, impulsada por un particular, señala una serie de irregularidades en el funcionamiento de la Cooperativa Eléctrica y cuestiona la labor del Veedor designado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)”, y explicó que la denuncia, que abarca más de 30 páginas, incluye acusaciones de delitos como defraudación, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de los deberes del funcionario y, potencialmente, asociación ilícita dentro de la Cooperativa. En total, tres personas que ocupan cargos en la gerencia han sido denunciadas, aunque la Abogada no descartó la posibilidad de que otros individuos también estén involucrados”.
La entrevistada destacó que, “esta denuncia no surge de un capricho del denunciante, sino que se basa en un expediente que proviene del INAES, el cual había designado un Veedor para investigar las irregularidades en la Cooperativa. Desde el 13 de enero, el Veedor debía recabar información sobre el manejo de fondos, contrataciones y balances”, pero, según Varisco, no cumplió con su deber, lo que llevó a la presentación de la denuncia.
“El Veedor no brindó la información requerida en el marco del expediente administrativo, lo que pone en duda su actuación”, afirmó la Abogada. La falta de respuesta del Veedor, quien debía presentar un informe en un plazo de 90 días, es uno de los motivos que fundamentan la denuncia penal.
La Abogada también mencionó que, debido a la gravedad de las acusaciones, es probable que se solicite a la justicia federal la intervención del INAES para designar un Interventor judicial que aclare la situación y brinde transparencia a los hechos denunciados. “Una vez que el INAES lo solicite, la intervención podría ser inminente, con una resolución que podría salir en 48 a 72 horas”, explicó.
Varisco subrayó que las irregularidades denunciadas no solo apuntan a una mala administración, sino también a un posible beneficio personal por parte de los gerentes de la institución. “La cooperativa se creó con fines sociales, y si los fondos se manejan en beneficio propio, se pierde el sentido de su existencia”, advirtió.
La Abogada también aclaró que, aunque la denuncia se centra en las tres personas denunciadas, la investigación podría ampliar el alcance si se determina que el Veedor no cumplió con sus funciones adecuadamente. “Es probable que, al avanzar la investigación, se pueda ampliar la denuncia contra el Veedor por mal funcionamiento en su deber”, agregó.
La Abogada Adriana Varisco concluyó la entrevista enfatizando la importancia de “esclarecer estos hechos y garantizar que los fondos de la Cooperativa se utilicen en beneficio de la comunidad. Es fundamental que se investigue a fondo y se tomen las medidas necesarias para restablecer la confianza en la Cooperativa”, finalizó.
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