Nueva protesta en Río Grande contra el DNU del Gobierno nacional
Bajo la consigna “Tierra del Fuego no se vende”, la Asamblea Autoconvocada de Río Grande se manifestó contra el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023. Rechazaron el mencionado DNU y exigieron a los representantes de los distintos ámbitos legislativos de la provincia, y a las y los dirigentes políticos en general, se expresen en interés del pueblo fueguino.
“El DNU es, a todas luces, inconstitucional. No acredita una situación de emergencia objetiva que lo legitime, y su aceptación conduce a la ruptura de la división de poderes que rige en el sistema republicano de nuestro país, en desmedro de la libertad y los derechos de los ciudadanos”, indica el comunicado que se leyó en la intercesión de las avenidas San Martín y Belgrano, y agrega, “en términos más específicos y relativos a Tierra del Fuego, cabe decir que la desregulación de la economía y la apertura de importaciones propuestas por el DNU afectarán gravemente el desarrollo económico de nuestra provincia, aún sin la derogación de la 19640. En el mismo sentido, el DNU atenta contra derechos laborales adquiridos por diversos sectores de trabajadores y vulnera una acceso igualitario a la salud y a la educación”.

Más adelante señala, “asimismo, la política de cielos abiertos que propone el DNU puede perjudicar fuertemente nuestra conexión aérea con el resto del continente y por último, la derogación de las leyes de tierras y de manejo del fuego prácticamente regalan nuestra soberanía. La concentración de grandes territorios en manos extranjeras atenta contra la protección y el cuidado común que deberíamos promover para con nuestros lagos, ríos, lagunas, hielos, turberas, humedales, etc.”, y resalta, “a todo esto, que es apenas una rápida enumeración de algunos temas que implica el mencionado Decreto, se suma que el Presidente envió al Congreso una Ley Ómnibus que, cual espejo del DNU, pretende profundizar sus aspectos con la sanción de un paquete de leyes que conlleva, paradójicamente, la delegación de las propias facultades del Congreso al Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo que se criminaliza la protesta social, sancionando a personas y organizaciones a través del Protocolo Antipiquetes.

“Por todo esto, nos manifestamos y exigimos ¡ABAJO EL DNU y la Ley Ómnibus! Solo la unidad del pueblo y la organización comunitaria pueden hacer frente al avasallamiento de derechos que pretende imponer este ilegítimo Decretazo”, cierra el documento de la Asamblea Autoconvocada de Río Grande.
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