En su fallo, Cirulli recordó que, “de las 6 firmas que se presentaron al salvataje solo el propio Correo Argentino S.A. mantuvo el interés de seguir con el trámite", y párrafos más adelante explicó que, “la oferta realizada no satisfizo a los acreedores necesarios como para prosperar”.

La Jueza señaló en su fallo que la oferta realizada por la concursada solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa, pero que no abarcaba el valor actual de la misma. La Magistrada también hizo referencia a la supuesta conformidad que la empresa deudora atribuyó a los acreedores de Categoría C, que habían prestado acuerdo a ofertas realizadas hace casi 20 años, en otra instancia del proceso concursal.

"A lo largo de todo ese tiempo variaron sensiblemente los indicadores económicos y sobrevinieron sucesivas devaluaciones de nuestro signo monetario con gran pérdida del valor adquisitivo, lo cual es de conocimiento público. En esa situación, no podría razonablemente suponerse que aquellos acreedores Categoría C -antes aquiescentes- aceptarían ahora la llamada mejora de propuesta, tratándose de créditos devengados hace dos décadas", sostuvo la Jueza.

La ley 24.522 de Concursos y Quiebras establece en su artículo 48 inciso 8 que, "cuando en esta etapa no se obtuviera acuerdo preventivo, por tercero o por el deudor, o el acuerdo no fuese judicialmente homologado, el Juez declarará la quiebra sin más trámite".

El concurso de acreedores del Correo Argentino se inició en 2001, cuando la empresa del Grupo Macri ya había dejado de pagar hace años el millonario canon que le correspondía para poder explotar la concesión del correo oficial.

Durante el Gobierno de Mauricio Macri, el Estado aceptó una oferta del Grupo Macri para pagar la deuda en 15 cuotas; un acuerdo que no prosperó porque la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín determinó que era ruinoso para las arcas del Estado.

En la víspera, Mauricio Macri publicó un descargo en redes sociales vinculado a la causa del Correo Argentino en el que consideró que el Poder Ejecutivo "busca venganza" y que tiene a sus hijos como "objetivo". "El gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA".

En respuesta, el Ministro de Justicia, Martín Soria, y su Viceministro, Martín Mena, cuestionaron la carta difundida ayer por el ex Presidente Mauricio Macri y afirman que el ex Mandatario "busca victimizarse porque teme que se haga justicia".

Soria cuestionó esta carta al afirmar que, “el ex Mandatario nacional lleva adelante un burdo intento de victimizarse en esta causa porque teme que se haga justicia en la causa del Correo y en todas las que investigan sus manipulaciones judiciales".

En la misma línea, Mena consideró que, "es verdaderamente ridículo que Macri alegue una persecución política en su contra ya que, el ex Presidente, vivió toda su vida al margen de la ley".

"Con todo lo que hoy se conoce respecto de cómo desde su Gobierno digitó, organizó y ejecutó una manipulación judicial para perseguir políticamente opositores, es verdaderamente ridículo y propio del cinismo con el que Mauricio Macri se manejó durante toda su vida que ahora alegue una persecución judicial contra él y que pretenda victimizarse", declaró Mena en diálogo con Radio 10.

La firma Socma había intentado que el caso del Correo fuese juzgado por tribunales porteños y no nacionales, pero un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó el pasado 1 de julio una solicitud del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este sentido.

En marzo de 2020, la Jueza Cirulli, para evitar "potenciales perjuicios a acreedores", ordenó el "desplazamiento total" de los directivos de la empresa en el marco del proceso de "salvataje".

La causa del Correo Argentino

El Grupo Macri obtuvo la concesión del Correo Argentino en 1997 durante el gobierno del fallecido ex Presidente Carlos Menem y esa concesión fue rescindida en 2003, cuando el Gobierno de Néstor Kirchner detectó que la empresa solo había pagado uno de los cánones semestrales que le correspondía abonar por cifras superiores a los 50 millones de pesos/dólares.

El concurso de acreedores del Correo Argentino S.A. comenzó en el 2001 y el caso cobró mayor exposición pública en 2016, durante el Gobierno de Macri, porque el Poder Ejecutivo se mostró dispuesto a aceptar una oferta que consideraba que la deuda era la misma que en 2001 y proponía pagarla en 15 cuotas, algo que la Fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, se opuso por considerar que era "abusivo".

Con posterioridad, en el mismo expediente, Correo Argentino S.A. ofreció pagarle al Estado, de una sola vez y como toda deuda, 1.011 millones de pesos: la cifra representa bastante más que los 296 millones (a pagar en cuotas) que estuvo dispuesto a aceptar el gobierno de Macri, pero mucho menos de los más de 5.000 millones que reclama la Procuración Del Tesoro Nacional.