El máximo tribunal de justicia del país derivó el asunto a la Procuración General de la Nación para que resuelva si la Corte tiene o no competencia al respecto.

El expediente está caratulado “Ferrara, Pablo y Otro c/Estado Nacional s/Amparo Ambiental”, y tiene el número 281/2021.

En los considerandos de la demanda se busca que, “el Estado Nacional intervenga para el cese del gravísimo daño ambiental que genera la actividad sistemática de pesca ilegal y depredadora desarrollada durante años por flotas industriales en nuestra Plataforma Continental, en la Zona Económica Exclusiva y en su área adyacente, y su impacto en el mar”.

La actividad de los pesqueros, principalmente chinos, amenaza de muerte a varias especies marinas, entre ellas el preciado calamar, que se lo captura de forma ilegal e impune, y se lo pone en peligro de pronta extinción.

La presentación colectiva advierte que, “en aguas soberanas bajo control del Estado Nacional, se está gestando un desequilibrio al ecosistema a través de una práctica ilegal, depredatoria y prescindente de toda concepción geocéntrica o ambientalista, lo que ameritaría la inmediata intervención estatal”.

Con predominio chino, la nefasta flota que saquea aguas argentinas está integrada además por buques con bandera de Corea del Sur, Taiwán y España. La depredación que producen es creciente año tras año. Este 2021 las embarcaciones llegaron al menos a 500.

Además, la acción de esas flotas provoca a nuestro país pérdidas que ascienden a 1.200 millones de dólares al año.