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Argentina | 18.11.2020  

Fue aprobado en Diputados el aporte solidario de las grandes fortunas

El proyecto impulsado por el Frente de Todos tuvo 133 votos a favor contra 115, 19 correspondientes a otras bancadas entre ellos dos radiales: los jujeños Gabriela Burgos y Jorge Rizzotti. Los dos Diputados de la izquierda se abstuvieron. La iniciativa busca recaudar algo más de $300.000 millones.

La discusión ahora pasó al Senado, donde la bancada liderada por José Mayans tiene una cómoda mayoría para sancionar la norma.

Fuente: www.parlamentario.com

Más de siete meses después de instalado el debate, el proyecto que grava por única vez los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos para contribuir a mitigar la pandemia fue aprobado en la Cámara de Diputados y quedó a un paso de ser convertido en ley. El Frente de Todos consiguió avalar la iniciativa con apoyo de bloques minoritarios de la oposición, a pesar del rotundo rechazo de Juntos por el Cambio.

Tras el cierre del debate a cargo de Máximo Kirchner, jefe del bloque oficialista y autor del proyecto, el aporte solidario y extraordinario recibió 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones. La discusión ahora pasó al Senado, donde la bancada liderada por José Mayans tiene una cómoda mayoría para sancionar la norma.

En la Cámara baja, la oposición se dividió: los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo acompañaron en su gran mayoría -con la excepción de Graciela Camaño, de Consenso Federal-, mientras que Juntos por el Cambio se opuso -salvo los radicales jujeños Gabriela Burgos y Jorge “Colo” Rizzotti, que votaron a favor-. También rechazó el proyecto Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), una aliada habitual del Frente de Todos, mientras que el Frente de Izquierda, como había anunciado, se abstuvo.

El debate dividió aguas entre la posición oficial, basada en que se trata de un aporte por única vez sobre los mayores patrimonios del país para atender la pandemia, y la postura de Juntos por el Cambio, que denunció que se trata de un nuevo impuesto que desalentará inversiones, que además es “confiscatorio” y opera como una doble imposición con el ya existente impuesto a los Bienes Personales.

Al momento del cierre, Máximo tuvo que retirarse del recinto porque, según reveló, estuvo en contacto estrecho con una persona que dio positivo de coronavirus. El resultado de la votación -que superó la mayoría absoluta necesaria- fue celebrado por los oficialistas presentes con aplausos de pie.

La sesión, que arrancó cerca de las 12.30, fue presidida en buena parte por el Vicepresidente primero de la Cámara, Álvaro González (Pro), hasta que su titular, Sergio Massa, salió del aislamiento preventivo porque resultó negativo el tercer hisopado de Luis Cubeddu, el integrante de la misión del FMI que originalmente había sido considerado positivo de Covid-19.

Massa arribó al Congreso cerca de las 17, aunque no se sentó en la Presidencia hasta las 21, pues primero recibió a una comitiva de funcionarios que se dieron cita para empujar el proyecto de Máximo. Estuvieron, además del Presidente del bloque, los Ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social), además de las titulares de la ANSES, Fernanda Raverta, del PAMI, Luana Volnovich, y de AYSA, Malena Galmarini, junto a intendentes bonaerenses.

 

Debate caliente

“No es un proyecto que vaya contra nadie, no está pensado contra determinadas personas, no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen. Es al contrario, por eso hemos incluido el sentido de solidario y extraordinario, porque estamos frente a una situación de emergencia, que es lo que da la excepcionalidad”, explicó, al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.

El miembro informante recordó que según la AFIP estarían alcanzadas menos de 10.000 personas humanas, “un número equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron declaración jurada sobre Bienes Personales en 2019, y al 0,02% del total de contribuyentes de la Argentina”.

Por eso, sostuvo que, “es una falacia decir que esto va a afectar a las pymes o a la producción”, y además advirtió que “el 42% del total de los bienes declarados son activos y bienes dolarizados, y de ese 42%, el 92% está declarado en el exterior”, por lo cual “lejos está de poder afectar a alguna actividad productiva”.

Heller precisó que aquellas personas con activos en el exterior pagarán una alícuota superior, pero si aceptan repatriar al menos el 30% de esas tenencias quedarán exentas del diferencial. “Muchos de los que blanquearon en su oportunidad dejaron la plata afuera y no la trajeron. Ahora tienen la oportunidad de traer esa plata que blanquearon y ayudar a mejorar la situación del país”, afirmó.

La Presidenta de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, consideró que, “es un acto de reparación y un puntapié inicial para tantos otros debates a partir de los cuales podamos parir una Argentina con mayor igualdad”, y precisó que -también según la AFIP- de los más de 307.000 millones de pesos que se esperan recaudar, la mitad provendrá del aporte de tan solo 253 personas, “las que están en la cima de la cima de la pirámide”.

Asimismo, el oficialista Marcelo Casaretto indicó que, “el Estado necesita financiamiento”, pero la deuda contraída por el gobierno anterior hizo que esté “vedado el acceso al financiamiento del crédito”. Pero aunque exista, “la posibilidad de recurrir a la emisión monetaria”, el legislador dijo que “necesariamente teníamos que reforzar la posibilidad recaudatoria del Estado en los impuestos existentes o en alguna característica de apoyo excepcional” sobre “aquellos sectores que tienen capacidad contributiva”.

Luciano Laspina (Pro) encabezó el rechazo de Juntos por el Cambio y denunció que, “este impuesto no tiene un afán recaudatorio, tiene un afán ideológico, y la prueba más grande es que lo estamos aprobando muchos meses después de iniciada la pandemia y con una movilización afuera por el Día de la Militancia”.

El santafesino sostuvo que, “la emergencia no habilita a violentar la Constitución Nacional”. “Los principios de la Constitución Nacional deben ser respetados en cualquier circunstancia, independientemente a quiénes afecten”, enfatizó, y en ese sentido consideró que, “este impuesto violenta los principios de no confiscatoriedad y de razonabilidad en la tributación”.

Laspina advirtió que, “este gobierno desde que asumió ha subido 12 impuestos, en el país más gravoso del planeta”, y en ese contexto “se tira un tiro en el pie con esta ley. Vamos a votar en contra aunque perdamos votos, porque cuando este modelo inexorablemente fracase, queremos que el país tenga una alternativa para otro camino que no sea el de exprimir al sector privado ahogando la producción y el empleo”, sentenció.

Asimismo, el radical Luis Pastori subrayó que, “este proyecto es uno más de los tantos agravios a la Argentina por parte de un gobierno que recurre a los eufemismos para vestir de épica todo lo que acomete, y en especial aquellas cuestiones cargadas de un absurdo neologismo, con un sesgo claramente anti-empresas y anti-inversiones”.

“No cabe ninguna duda que estamos en presencia de un nuevo impuesto, por cumplir con todos los conceptos que lo integran: surge de la ley, es coactivo, es obligatorio, no es voluntario y está destinado a un fin público”, definió Pastori, e insistió en que, “empezamos muy mal si arrancamos pretendiendo engañar desde el título”.

Muy duro, Javier Campos (Coalición Cívica) habló de una “salvajada tributaria” y de “tributarismo populista”. “Si tenemos experiencia internacional que lo desaconseja, si tenemos a gente del propio bloque oficialista que dice que es un impuesto anti-producción, si sabemos que esto va a ser malo para la inversión y el empleo, ¿por qué el Frente de Todos  impulsa este  impuesto? Lo hacen pensando en las próximas elecciones, para buscar un supuesto rédito político”, planteó.

También en contra del proyecto, la Diputada Camaño aseguró que, “el aporte solidario presenta algunos inconvenientes tanto jurídicos como técnicos, que permiten sembrar dudas sobre su legalidad en el sentido de su constitucionalidad”. “Independientemente del nombre fraternal que se le ha colocado, su propia naturaleza y el articulado da cuenta de que se trata de un impuesto”, coincidió.

La Legisladora remarcó que, “existe una sustancial correspondencia entre el impuesto a los Bienes Personales y el tributo que se pretende crear”, porque se trata de “los mismos sujetos pasivos, el mismo hecho imponible y sustancialmente es la misma base imponible”.

Camaño advirtió que, “con este aporte podrían estar en juego principios básicos del derecho tributario, como la legalidad y la no confiscatoriedad”, y agregó que, “están desalentando las inversiones privadas y generando inseguridad jurídica y falta de previsibilidad”.

En el debate también intervino uno de los diputados que deberían pagar el aporte, el radical entrerriano Atilio Benedetti -los otros dos son el propio Máximo Kirchner y José Ignacio De Mendiguren, quien se encuentra de licencia y se expresó en contra de la iniciativa-.

Benedetti opinó que, “se trata de pan para hoy y hambre para mañana”, y sostuvo que, “a pesar del nombre épico y romántico de esta iniciativa, no hay ninguna duda de que estamos en presencia de un nuevo impuesto, y cada vez que ha venido un nuevo impuesto en Argentina ha venido para quedarse”.

En ese sentido, puso como ejemplo que en 1932 se instauró el impuesto a las Ganancias “por única vez y persiste hasta hoy, así como en 1995 se aumentó el IVA en tres puntos solo por un año, y en 2001 se creó el impuesto al Cheque, que también sigue vigente”.

La neuquina Sapag se despegó esta vez del oficialismo y se pronunció en contra del proyecto. “¿Qué prosperidad pueden ver los inversores en un país donde la creatividad tributaria está a la orden del día? ¿Qué atractivo puede tener un país donde los recursos parecen nunca alcanzar y el cambio de reglas es moneda corriente? Si no generamos condiciones mínimas, la huida de inversores se continuará acrecentando”, lamentó.

En tanto, el Frente de Izquierda habló de una “maniobra para tapar el ajuste” y defendió su propio proyecto, más agresivo que el que obtuvo media sanción. “El aporte solidario viene a encubrir que en este momento se toman todas las medidas del FMI, que representan un ataque brutal a la población trabajadora: una fórmula jubilatoria a la baja y desatada de la inflación, peor que la del macrismo; el Presupuesto 2021, que recorta en salud, educación y salarios; la anulación del IFE; el tarifazo anunciado para enero; y la represión a las familias sin vivienda”, se quejó Romina Del Plá, del Partido Obrero.

El debate dio lugar a algunos cruces inesperados, como el que mantuvo Cristian Ritondo con un aliado de Juntos por el Cambio, el radical José Cano, por una chicana del jefe del bloque Pro hacia el oficialista Leopoldo Moreau: “Espero que con este gobierno termine mejor que con el del ’83. Espero que termine mejor, defendiendo las mismas cosas, las mismas ideas”.

De inmediato, Cano le pidió que se retracte, y Ritondo tuvo que aclarar: “Lo que menos quise es dar algún tipo de insulto al doctor Raúl Alfonsín. Lo que dije es que hay medidas del gobierno que no terminan bien y que esperaba que tengamos otra suerte”.

 

Modificación

Al final del debate, Heller informó una pequeña modificación en uno de los destinos que tendrá la recaudación del aporte solidario, el que tiene que ver con la exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Según la nueva redacción, se girará un 25% de lo recaudado a “programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación de exploración, desarrollo y producción de gas natural” a través de Integración Energética Argentina S.A., la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos (…)”.

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