Los recorridos y charlas se dan en escuelas, universidades y centros culturales de todo el país por medio de la reflexión crítica y el debate, con el fin de ayudar a construir colectivamente actitudes de compromiso y de cuidado de la infancia frente a los abusos sexuales.

“Los -Adultxs por los Derechos de la Infancia- somos un colectivo integrado por personas adultas que fuimos víctimas del delito de abuso sexual en nuestras infancias y adolescencias y por personas adultas que en el presente luchamos por acompañar a niñas y niños víctimas de esta injusticia”, expresó Sebastián Cuattromo, Presidente de la Asociación Civil Adultxs por los Derechos de la Infancia

Los inicios

Sebastián tenía 13 años en 1989 cuando un cura de su colegio Marianista de la Ciudad de Buenos Aires abusó sexualmente de él y otros compañeros en reiteradas oportunidades. Lo mantuvo en silencio durante 10 años por vergüenza y porque sentía que no sería contenido y protegido por los adultos de su entorno. Recuerda que fue la época cuando salió a la luz la acusación de abuso al “Bambino Veyra” y la gente lejos de proteger a las víctimas que lo denunciaron, se burlaban de ellas y daban su apoyo al ex técnico de fútbol.

A los 23 años decidió contarlo y se reunió con las autoridades del colegio que le ofrecieron un acuerdo económico a cambio de que no haga la denuncia. Sebastián no aceptó y fue a la Justicia junto a otro ex compañero. Recién en 2012 lograron la condena. Sebastián recuerda que tuvo “suerte” por la fuerza que tomó su causa en una época donde aún no estaba sancionada la Ley Piazza (que extiende los tiempos de prescripción de las causas por abuso sexual) ni la ley 27206 de 2015 que establece un cambio en el Código Penal.

En el año 2012 este abusador, conocido como docente y religioso católico, miembro de la Congregación de los Hermanos Marianistas, Fernando Enrique Picciochi, terminó siendo juzgado y condenado a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada.

“Fue en esa ocasión, de ese maravilloso acto de reparación y justicia que pude lograr tras tantos años de dolor y de lucha, en el año 2012 cuando empecé a hacer pública mi historia por primera vez, a través de notas con distintos medios periodísticos, con el sueño y con el anhelo de que mi largo camino de dolor y de lucha no quedara para mí sino que pudiera trascender colectivamente, que pudiera servirle a los demás”, recordó Sebastián en cuanto a los inicios de la Asociación Civil.

Una lucha mancomunada

En ese camino, conoció a Silvia Piceda quien, con una historia similar de dolor y lucha, decidió emprender un nuevo camino de concientización y justicia junto a Sebastián y la Asociación Civil Adultxs por los Derechos de la Infancia.

El caso de Silvia fue doblemente doloroso, ya que no sólo padeció este delito en su infancia, sino que debió denunciar a su ex pareja por un caso similar contra su hija. Ese fue el quiebre por el que se animó a hablar, pese a que la Justicia luego le dio la espalda, y debió atravesar el miedo, la soledad y la angustia para volver a ver el sol.

Trabajan en dos tareas de compromiso básicas:

Por un lado, la visibilización pública del abuso sexual a partir de testimonios, tanto en los medios de comunicación, como así también en escuelas, universidades, centros culturales y otros espacios públicos y estatales de todo el país.

“A partir de esto, lo que hacemos es compartir nuestras historias de dolor, de lucha y de esperanza para abrirlas al diálogo, a la reflexión crítica y al debate con el sentido de ayudar a construir colectivamente en el conjunto de la comunidad adulta actitudes de compromiso y de cuidado de la infancia frente a esta injusticia”.

A lo largo y ancho del país no cuentan con filiales, pero sí realizan recorridos para alentar y organizar espacios colectivos con nombres e identidades propias y las características de cada lugar. “Lo que buscamos es que la experiencia se replique y multiplique en otros puntos del país e incluso otros lugares del mundo porque tenemos contactos con compañeros de lucha de Europa, EEUU y diversos puntos de América Latina”, puntualizó a este medio.

La segunda tarea es movilizar a la población tanto en la toma de conciencia como en la búsqueda de justicia, “intentamos interpelar críticamente al conjunto de la comunidad adulta y al Estado como garante y promotor de los derechos de la infancia para que asumiendo ese rol indelegable, desarrolle todas las políticas públicas tendientes a posicionar a niñas y niños como sujetos de derecho, protegerlas y protegerlos frente a este delito”.

“En cuanto a las obligaciones del Estado como garante y promotor de los derechos de la infancia, consideramos que tiene enormes deudas con niñas y niños concebidas y concebidos como sujetos de derechos como lo establece la legislación internacional desde la Convención de los Derechos del Niño a la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos, hay grandes deudas, entre ellas a nivel del poder judicial ya que se denuncian sólo un 10% de los abusos que suceden y de ese universo sólo un abuso termina en la instancia de juicio y condena”, explicó.

Instancias virtuales

Diariamente y como desde hace varios años, reciben a todos los que se comunican a través de las redes sociales para brindar las charlas de visibilización testimonial a la comunidad por todo el país. Por otra parte, los sábados a las 15 ofrecen el espacio de Encuentro Solidario de Pares semanal de manera virtual, hecho que permite la participación de personas de todo el país, y funciona como lugar de reunión anónimo, para personas adultas que fueron víctimas de abuso sexual en la infancia y personas adultas que acompañan a niños y niñas víctimas en el presente.

Los podés encontrar través de sus redes sociales: en Facebook como, Adultxs por los Derechos de la Infancia; en Twitter, @adultxs; y en Instagram como, @adultxs1. Teléfono: 11-69729541. Mail: adultxsporlainfancia@gmail.com

Por otra parte, desde hace dos meses y medio llevan adelante una petición pública, http://www.change.org/infanciasinabuso, dirigida a dialogar y reflexionar acerca de la responsabilidad de los medios de comunicación ante el delito de abuso sexual, por toda la Argentina.