La cuestión de privilegio planteada contra Patricia De Ferrari Rueda derivó el miércoles en la suspensión por seis meses de la Legisladora del bloque Juntos por el Cambio.

El tratamiento tuvo lugar debido a una publicación llevada a cabo el pasado 22 de octubre en la red social Twitter por De Ferrari y que suscitó un amplio rechazo, no solo en la provincia de Córdoba, sino también en el plano nacional.

La solicitud llevó las firmas de las Legisladoras Nadia Fernández, Graciela Manzanares, Victoria Busso, María Emilia Eslava, Tania Kyshakevych, Mariana Caserio, María Laura Labat, Liliana Abraham, Natalia Martínez, Adela Guirardelli y Carmen Suárez.

La petición se apoya en el artículo 129 del Reglamento Interno de la Legislatura, cuando señala en su inciso 1º que, “se consideran Cuestiones de Privilegio a las que afectan los derechos de la Legislatura colectivamente, su seguridad, dignidad y la integridad de su actuación y sus procedimientos, considerados desde la perspectiva de órgano representativo de los ciudadanos”.

Según informó la Unicameral, también halla fundamento en el artículo 99 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que afirma que, “la Legislatura dicta su reglamento y puede, con el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, corregir, excluir de su seno a cualquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indignidad, y removerlo por inhabilidad física o psíquica sobreviniente a su incorporación”.

“¿Falta mucho para que aparezcan los Falcon verdes para impartir justicia a la medida de Grabois y compañía?”, había escrito De Ferrari la semana pasada, cuando quiso cuestionar el accionar de la Justicia en el marco de la disputa que el ex Ministro de Agricultura, Luis Etchevehere, plantea contra su hermana por unos terrenos ubicados en la provincia de Entre Ríos.