El Fiscal de Ushuaia, Fernando Ballester Bidau, imputó a los ex funcionarios por presuntas irregularidades en la apertura de la ruta costera conocida como “Corredor del Beagle”, confirmaron fuentes judiciales a EDFM.

El titular de la Fiscalía 4 de la capital fueguina elevó el viernes un “requerimiento de instrucción” en el que solicita investigar como “hechos nuevos” a los denunciados semanas atrás por la entidad ambientalista.

El funcionario judicial señaló en su dictamen que Nancy Edith Fernández, en representación de Mane´kenk, denunció que, “en el informe de impacto arqueológico del denominado Corredor del Beagle elaborado por la empresa Ambash, se omitió consignar cierta información de numerosos yacimientos y sitios arqueológicos que podrían coincidir con la traza de la mencionada ruta”.

El requerimiento cita informes del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) del 28 de agosto de 2018 y del 23 de octubre de 2019, dirigidos a Gorbacz y al presidente de la “Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina (AAPRA)”, donde se asegura que “los sitios y yacimientos son muchos más que los que fueron declarados en el informe de impacto arqueológico, pudiendo coincidir con la traza de la ruta”.

Además, el Fiscal recuerda que según la denuncia de la ONG, “a principios del mes de noviembre de 2019, posiblemente el 2 de noviembre, se habrían encontrado restos humanos en la zona de Mishiwen, en inmediaciones de la “Estancia Remolino”, donde existen enterratorios humanos”.

Se trata de una zona declarada patrimonio histórico provincial por decreto 888 del año 2011.

“Si bien el 20 de noviembre de este año, la Asociación Mane´Kenk presentó un solicitud de información pública al Secretario de Cultura, Gonzalo Zamora (sobre este tema) todavía no fue contestada, por lo cual se desconoce quién hizo el hallazgo, donde se realizó y si se tomaron las medidas propias del caso”, menciona Ballester Bidau en su requisitoria.

También agrega que de acuerdo a la denuncia, en el informe habrían sido declarados siete yacimientos arqueológicos, “pese a que, en realidad, serían más de trescientos (300), por lo cual los responsables conocían la existencia de estos yacimientos o sitios que fueron deliberadamente ocultados”.

Finalmente, el Fiscal imputó en la causa a Gorbacz, Vázquez, Zamora y a miembros de la empresa Juan Gancedo (contratista de la obra) por haber participado (los funcionarios) de la aprobación del estudio de impacto arqueológico y haber autorizado el plan de ejecución de obra, “pese a que las evidencias científicas avalaban que dicho informe era deficitario”, y por haber ejecutado los trabajos (Gancedo) sin los cuidados correspondientes o a sabiendas de toda esta situación.

De acuerdo al Fiscal, los hechos podrían configurar los delitos de “daños agravados” y “daños a yacimientos arqueológicos” previstos “en los artículos 184 inciso 5 del Código Penal, artículos 46 y 47 de la ley 25.743, respectivamente, por ocasionar daños en tumbas, deteriorar y remover yacimientos arqueológicos que pudieron haber ocasionado su pérdida irreparable para el patrimonio cultural del Estado”.

Como medidas probatorias, el representante del Ministerio Público pidió que se realicen las ofrecidas por la parte querellante (la entidad ambientalista) entre ellas el testimonio del arqueólogo Lucas Turnes, quien cobró notoriedad porque varias veces manifestó públicamente que había alertado a las autoridades sobre las deficiencias del estudio arqueológico inicial y dijo que fue despedido por ello.

También se requirió la incorporación de la causa Nº 32.996, en trámite ante el Juzgado de Instrucción Nº 2, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo, donde ambientalistas ya habían efectuado una denuncia anterior contra funcionarios y la empresa contratista por el desmonte derivado de la obra y otras irregularidades.

Ballestar Bidau pidió, además, la realización de una inspección ocular en la zona con profesionales especializados.

Uno de los puntos a dilucidar es qué Juez se hará cargo de la causa en forma definitiva, ya que cuando se presentó la denuncia, intervino el Juez Federico Vidal, y consideró que la investigación era un desprendimiento de la que ya se tramitaba en el juzgado de Barrionuevo, mientras que la magistrada habría interpretado que por tratarse de hechos distintos, correspondía la apertura de un expediente nuevo, a tramitar en el juzgado en turno al momento de la denuncia.