En medio del frenético cierre de listas y de cara a la campaña electoral que empezó ayer, el gobierno desató por lo bajo un arduo debate que despierta diferencias en la Casa Rosada y que tarde o temprano saltará a la palestra proselitista: la posibilidad de impulsar un proyecto de ley que promueva el salario básico universal para aquellos los trabajadores informales de la economía o los sectores vulnerables que necesitan de un ingreso fijo a cambio de trabajo.

El tema lo abordó la semana pasada el Presidente Alberto Fernández con el Director del Banco Nación, Claudio Lozano, y también empezó a ser analizado en diferentes despachos de la Casa Rosada con miradas tan diversas como contrapuestas.

Sustancialmente la idea que promueven los movimientos sociales, dirigentes del Frente de Todos y varios funcionarios es instaurar un Ingreso Básico Universal para todas las personas de entre 18 y 65 años que trabajan en la informalidad, los desempleados y aquellos monotributistas que cobren menos del monto estipulado para el salario mínimo.

A grandes rasgos esta es la idea consensuada entre los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Ministerio de Desarrollo Social liderado por Daniel Arroyo, la titular del Consejo de Políticas Sociales y ahora candidata a Diputada del FTD, Victoria Tolosa Paz y buena parte de los funcionarios alineados con el kirchnerismo duro. 

Sin embargo, la idea de dar lugar a un ingreso universal despierta un debate fiscal en el Gobierno y genera reparos en aquellos sectores alineados con el Ministro de Economía, Martín Guzmán y con el de Trabajo, Claudio Moroni, que no ven conveniente en estos momentos ampliar el presupuesto para este tipo de programas. 

En rigor, el pago de un salario básico universal de unos 20.000 pesos mensuales para más de cuatro millones de personas implicaría una inversión del Estado del 2,9% del PBI, lo que constituiría cerca de 700.000 millones de pesos anuales. Tanto Guzmán como Moroni y otros sectores técnicos del gobierno no ven presupuestariamente viable esta idea más allá de que conceptualmente puedan compartirla.

"La idea de instrumentar un salario básico universal ayudaría a absorber los actuales programas sociales como el Potenciar Trabajo o el Progresar al mismo tiempo que la AUH y de esta manera se fijaría un umbral de dignidad en materia de ingresos para nuestra sociedad que garantice una Argentina libre de hambre", explicó Lozano.

El Director del Banco Nación dijo que cuando habló del tema con Alberto Fernández, el Presidente se mostró entusiasmado con la idea y dijo que hay que discutirlo abiertamente con todos los sectores involucrados. Al parecer, el Jefe de Estado no cerró la puerta al tema.

Por su parte, Emilio Pérsico, que es líder del Movimiento Evita y Secretario de Economía Social del Ministerio que lidera Arroyo dijo que hay un proyecto consensuado en la UTEP con varios referentes del Gobierno aunque admitió que, "hay una única oposición de carácter presupuestaria puertas adentro de la Casa Rosada”.

El dirigente piquetero cercano al Papa Francisco y líder de la CETEP, Juan Grabois, dijo la semana pasada que, "el salario básico universal va a salir por las buenas o por las malas", y amenazó con que la Avenida 9 de Julio "va a ser un corsódromo de movilizaciones si el Gobierno se resiste a avalar la iniciativa.

Desde estos sectores creen que el Gobierno podría articular un programa de empleo de acceso universal garantizado que articule mano de obra con la ejecución de políticas públicas destinadas a la restitución de derechos sociales.

La intención de Lozano, Grabois, Pérsico e incluso Arroyo y Tolosa Paz, es establecer un piso salarial equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil para todos aquellos que ingresan al mercado de trabajo y se encuentran por debajo de la línea de pobreza o incluso aquellos grupos que están en la economía informal pero necesitan de un ingreso seguro. Esto se vio el año pasado cuando se impuso el IFE en medio de la pandemia para 9 millones de trabajadores.

Claro que no opinan lo mismo Guzmán y Moroni desde el punto de vista presupuestario y ven en este programa un agujero fiscal que hoy no se podría cubrir.

Allegados al Ministro de Trabajo dijeron que, "el ingreso básico universal no es algo que se esté pensando en estos momentos en el Gobierno".

En esta misma línea en las oficinas del Ministerio de Economía plantean algo parecido. "Hay una discusión del tema y desde lo conceptual Guzmán coincide en dar atención a los sectores vulnerables. Pero desde el punto de vista presupuestario la Argentina hoy no está en condiciones de afrontar esta inversión", dijeron allegados a Guzmán.

En el amplio camino del medio están aquellos que aseguran que se hará necesario en lo inmediato dar respuesta a millones de trabajadores que han quedado golpeados por la pandemia o bajaron varios peldaños hacia la línea de pobreza.

Desde la Casa Rosada aseguran que el tema del ingreso universal se instalará en lo inmediato en la agenda electoral por una simple cuestión: se trata de dar respuesta a un amplio sector social que podría darle votos al Frente de Todos en los comicios y que hoy está descreído de las políticas públicas.

En el análisis fino de este entramado social desde el kirchnerismo puro, o en varios despachos del Gobierno tienen caracterizado perfectamente que hoy hay un amplio sector de trabajadores informales que son jóvenes y sectores medios-bajos que no logran tener un trabajo formal fijo. No se tiene definida la cantidad de gente que incluye este amplio sector. Pero se sabe claramente que es en esos grupos que creen que encajaría perfectamente un plan de ingreso universal básico.