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Salud | 21.05.2019  

Derechos de las personas Electrodependientes

En Rio Grande, Tierra del Fuego, impulsado por la Concejal Miriam “Laly” Mora y un grupo de padres y familiares de personas electrodependientes, se reunirán el día miércoles 22 de mayo a las 12:00 horas en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, para tratar la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de las personas Electrodependientes N° 27.351. Por Emilse Alvarado (*).

No adherir a la Ley Nacional de Electrodependientes significa violar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución la cual reconoce en su art. 75 inciso 22 la jerarquía constitucional de los tratados internacionales.

 |  Fuente: www.calidadtdf.com.ar

Desde Jujuy a Tierra del fuego, todo el país está unido con un mismo objetivo, defender los derechos de las personas electrodependientes, miles de kilómetros nos separan, pero no para lograr una misma finalidad. A través de una campaña de concientización que comenzó el 17 de mayo, se pretende apelar a la sensibilidad, al lado más susceptible para que esta vez sean escuchados, juntan firmas solicitando al Poder Legislativo resolver de manera inmediata la adhesión a la Ley Nacional 27.351, ya que la misma contempla un registro y beneficios a esta población tan vulnerable, que depende del constante suministro eléctrico, que alimentan los aparatos que por prescripción médica y según su patología necesitan para vivir.

En Buenos Aires, Cintia Alvarado mamá de Mía Mallia, niña de 3 años con Síndrome de Down, hipertensa, displasia pulmonar, trastorno deglutorio, hipertirodea, con una cardiopatía congénita, corregida con una reciente operación en la Fundación Favaloro y electrodependiente, señaló que, “a dos años de la promulgación de la Ley Nacional 27.351, nuestro país se une pidiendo que se respeten los derechos de los Electrodependientes, por ello se solicita la adhesión de la Ley para Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y reglamentación para Tucumán. Todas las personas Electrodependientes merecen el mismo reconocimiento. No queremos que sea sólo un papel frío guardado en un cajón, se lo debemos a los que luchan día a día y a los que se pusieron alas y nos dejaron físicamente”.

En Tierra del Fuego, Cinthia Romero, mamá de Lautaro, adolescente de 16 años con parálisis cerebral, Epoc, gastrotomizado y traqueotomizado con asistencia ventilatoria mecánica, indicó que, “queremos que la provincia de Tierra del Fuego adhiera a la Ley Nacional, es un derecho de los Electrodependientes, ellos son la población más vulnerable y necesitamos que se respeten sus derechos. Hace dos años se presentó un proyecto en la Legislatura fueguina y no logramos todavía la adhesión. Entiendan que nuestros hijos utilizan varios equipamientos con un consumo especial de electricidad, mi hijo utiliza un ventilador mecánico, concentrador de oxígeno, un aspirador de secreciones, saturómetro, una bomba de alimentación, entre otros, por ello pagamos cuatro veces más que una factura común, en mi caso particular estoy exenta del pago, y de igual manera me cortaron la luz. Por eso necesitamos que se trate con urgencia la adherencia, no todos están exentos del pago, y no pueden cortarnos la luz sin tener un generador que nos asegure la vida de nuestros hijos”. Ambas son referentes de la Red de Electrodependientes en sus respectivas ciudades.

Es difícil comprender porque siguen ocurriendo dichas vejaciones. Es el Estado quien debe velar por nuestros derechos, por nuestras garantías fundamentales, y sin embargo está haciendo caso omiso a los reclamos de las personas Electrodependientes. Dejando a la deriva a los particulares que se encuentran ante una desigualdad latente, violando derechos y afectando a la dignidad. Incumpliendo en el art. 3 de la declaración de Derechos Humanos donde detalla que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Además, la Ley 26.378, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue sancionada para promover y proteger la dignidad y los derechos de las Personas con Discapacidad. Reconoce que la Discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Observando con preocupación que, pese a estos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y se siguen vulnerando sus derechos en todas las partes del mundo.

Asimismo, destaca el hecho de que las mayorías de las personas con Discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconoce la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las Personas con Discapacidad. En el art 25 menciona que los Estados Partes reconocen que las Personas con Discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de Discapacidad. Adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las Personas con Discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluyendo la rehabilitación relacionada con la salud. Se les proporcionaran a las Personas con Discapacidad programas y atención de la salud gratuitos a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva y programas de salud pública dirigidos a la población.

No adherir a la Ley Nacional de Electrodependientes significa violar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución la cual reconoce en su art. 75 inciso 22 la jerarquía constitucional de los tratados internacionales. Por ser violatoria de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad e ignorar la Convención en la que el Estado es parte, e incumple con las obligaciones internacionales. Es por ello que se convoca a las provincias faltantes a adherir a la Ley 27.351, en las que fue aprobada la ley se lleve un control eficaz para que todos puedan acceder en un tiempo razonable a dichas prestaciones.

Todos tenemos derecho a una vida digna, es el derecho que se le reconoce a cada persona por el simple hecho de estar vivo, es inherente, inalienable e inviolable. La sociedad debe estar protegida de cualquier privación u otras formas graves de atentado contra la vida por parte de personas o instituciones sean gubernamentales o no.

Mientras, en Ushuaia, mediante resolución de Presidencia Nº 831/19, el titular del Parlamento, Vicegobernador Juan Carlos Arcando, convocó a una sesión especial, donde se espera que se trate la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de las personas Electrodependientes.

 

(*) Técnica Superior en Tecnología Industrial de los Alimentos

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