A 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental: propuestas para saldar una deuda histórica

Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil elaboraron una serie de recomendaciones de políticas públicas para que el Estado transforme el sistema de atención en salud mental de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 26.657, sustituyendo el modelo manicomial por una red de servicios que permita a las personas vivir en la comunidad con las mismas oportunidades que las demás.

“Avanzar en procesos de externación ya no es sólo un imperativo legal, sino una medida fundamental para la preservación de la vida y la integridad de las personas institucionalizadas por motivos de salud mental en Argentina”, destacan desde ACIJ.

En el año 2020 la Ley Nacional de Salud Mental cumple 10 años de vigencia, y vence el plazo establecido por su decreto reglamentario para el cierre de los manicomios en Argentina. A su vez, en el mes de agosto pasado se cumplió el plazo previsto por la Resolución 3250/2019 del Ministerio de Salud para que las instituciones monovalentes con internación en salud mental presenten sus planes de adecuación a la ley 26.657.

Sin embargo, el sistema de atención continúa basado en el hospital psiquiátrico y no se han experimentado modificaciones sustantivas para su sustitución por uno de salud mental comunitaria, situación que ha sido reconocida por el propio Estado nacional en el marco de una audiencia temática celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2019.

En este contexto, un grupo de organizaciones elaboramos un documento con recomendaciones de política pública necesarias para transformar el sistema de atención en salud mental de acuerdo a lo establecido en la ley 26.657, creando una red de dispositivos con base en la comunidad que garantice la externación de las personas que viven en los hospitales psiquiátricos y centros de tratamiento en adicciones de Argentina. Entre las propuestas se menciona la necesidad de producir información relevante sobre las personas internadas y las políticas adoptadas en cada jurisdicción del país, fortalecer el abordaje de la salud mental en el primer nivel de atención, garantizar tratamientos ambulatorios y acceso a medicación, asegurar condiciones habitacionales dignas y garantizar la inclusión comunitaria de las personas con discapacidad psicosocial, brindar los apoyos que sean necesarios a ellas y a sus familias, desarrollar sistemas de monitoreo de las externaciones, asegurar la participación real de los usuarios y usuarias en las políticas públicas que se adopten y destinar partidas presupuestarias suficientes y adecuadas para sostener los procesos de desinstitucionalización.

El plazo previsto para el cierre de los manicomios coincide con la pandemia del virus COVID-19, situación que ha evidenciado la gravedad de que miles de personas en nuestro país continúan encerradas en condiciones de hacinamiento, insalubridad y falta de higiene y aisladas de la comunidad. En este sentido, avanzar en procesos de externación ya no es sólo un imperativo legal, sino una medida fundamental para la preservación de la vida y la integridad de las personas institucionalizadas por motivos de salud mental en Argentina.

Esperamos que el documento elaborado sea tenido en cuenta por las autoridades estatales en los procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, y manifestamos nuestra voluntad de participar y aportar en todas las instancias que el Estado habilite para avanzar hacia una salud mental comunitaria.

Suscriben: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Agrupación Terapistas Ocupacionales Libres (ATL), Asamblea Permanente de Usuarixs de los Servicios de Salud Mental (APUSSAM), Asamblea de Usuarios/as de Salud Mental por Nuestros Derechos (Rosario), Asociación Casa Club Gualeguaychú, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Espacio PUEBLA - CABA, Red de Familiares, Usuarios y Voluntarios (Red FUV), Movimiento por la Desmanicomialización en Romero (MDR), Asociación Civil ACUFA, Centro de Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, el Dr. Hugo Cohen (ex asesor subregional en salud mental para Sudamérica de la OPS/OMS y director de posgrado "Salud mental; legislación y derechos humanos" de la Universidad Nacional de Entre Ríos), Equipo de investigación UBACyT “Salud Mental Comunitaria: territorios de precarización y políticas del cuidado” de la Facultad de Psicología de la UBA, Práctica Profesional “Salud mental y desinstitucionalizacion” de la Facultad de Psicología de la UBA, Cátedra “Psicología Preventiva” de la Facultad de Psicología de la UBA, Observatorio de Prevención y Protección de la Salud Comunitaria de la Facultad de Psicología de la UBA, Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones (CCHSMyA) de la Ley 26.657, Movimiento de Usuarixs y Trabajadorxs en defensa de la LNSM y Dirección de Unidad Académica Salud Social y Comunitaria de la Universidad del Chubut.

Prensa ACIJ.