La flota española que pesca en Malvinas con licencia del usurpador británico se llevó unas 85 mil toneladas de calamar en lo que va de 2019

Un informe científico técnico de la UE ha señalado que España tras el Brexit y hasta tanto se negocie un acuerdo de pesca entre la UE y el Reino Unido, enfrenta el riesgo de perder la mitad de los ingresos pesqueros en Malvinas.

Penguin News resalta que la temporada 2019 ha sido la de mejor rendimiento desde 1995, e informa que; en la primera campaña del año, la zafra obtuvo más de 51 mil toneladas, 10 mil más que en el 2018. Este volumen significó que las pesqueras españolas facturen un promedio anual de 700 millones de dólares, de un recurso que puesto en las góndolas del viejo continente alcance los 1.700 millones de la moneda estadounidense; unos 100.000 millones del devaluado peso argentino.

Una editorial publicada horas atrás por el diario Clarín con la firma del ex vicecanciller, Roberto García Moritan, da cuenta de la preocupación de las pesqueras españolas, respecto a que, por efectos del Brexit (la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea), se les “empioje” el saqueo de los recursos ictícolas de los argentinos que con licencia de los colonos británicos usurpadores de Malvinas (y el guiño cómplice de gobiernos como el de Menem, Macri, Bertone y compañía) alcanzó en lo que va de 2019, y en tan solo una especie, las 85 mil toneladas de calamar loligo.

Fíjese que curioso; mientras por un lado el campo de la política y nosotros mismos como periodistas, nos enfocamos en advertir y denunciar el avance británico en materia petrolera en torno a Malvinas; por el otro aceptamos como un hecho de los “actos consumados”, que Gran Bretaña legitime la faraónica depredación, que ejecutan las empresas españolas.

Así, sumándose al extenso listado de diplomáticos argentinos, miembros del servicio exterior de la Nación; cuya función destacada no es otra que ser relatores del saqueo, García Moritan, expresa. “la flota española que tiene el casi monopolio para la captura del calamar de Malvinas, está compuesta por 24 grandes arrastreros congeladores, la mayoría con base en Montevideo, y 19 de capital mixto español británico, con bandera isleña. Media docena de buques adicionales de última generación se encuentran en construcción en astilleros de Galicia para las islas (Soledad y Gran Malvinas). Dos nuevos barcos de altura se han sumado en el 2019. Un conjunto de aproximadamente 12 barcos españoles que pescan habitualmente en el Atlántico Norte (NAFO) se preparan, por inseguridad jurídica y falta de cuota, para hacerlo en el 2020 en Malvinas”.

Un informe científico técnico de la UE ha señalado que España tras el Brexit y hasta tanto se negocie un acuerdo de pesca entre la UE y el Reino Unido, enfrenta el riesgo de perder la mitad de los ingresos pesqueros en Malvinas. También advierte que ese cálculo podría ser eventualmente mayor y hacer poco competitivo la pesca española en ese espacio marítimo a partir de la temporada 2021. Sobre esa base, la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) ha planteado la necesidad de recurrir a caladeros alternativos y en particular a una mayor asociación con Argentina en el marco del Memorándum de Entendimiento del 2018 y del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

La reciente visita del Presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo; a Buenos Aires obedecería en gran medida a ese propósito.

Era hora que los armadores españoles empezaran a pensar más en Argentina que en el Reino Unido para la pesca en el Atlántico Sur. En la zona económica facturan desde hace una década por más de 700 millones de dólares anuales. Los datos científicos destacan proyecciones sustentables de volúmenes de captura que podrían multiplicar los réditos pesqueros actuales en particular si se encaran estrategias conjuntas de gran altura en espacios marítimos más amplios.

En ese contexto, llegó el momento de acelerar la exploración de fórmulas con España que permita ampliar los márgenes de ventajas pesqueras mutuas incrementando la productividad pesquera industrial con mayor valor agregado, reforzando la colaboración en el Atlántico sudoccidental, incluso de investigación científica, y, simultáneamente, dando respuesta diplomática a comportamientos cuestionables por la falta de respeto de algunas empresas españolas a la ley 26383, por el abanderamiento de buques de sociedades españolas radicadas en Malvinas, la compra de licencias ilegítimas como por la indiscriminada pesca ilegal en la milla 201”.